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“La lactancia materna defiende los derechos fundamentales de los niños": senador Juan Luis Castro

Salas de lactancia materna, regulación del etiquetado de los productos para niños y madres lactantes, son algunos de los beneficios del proyecto de ley sobre lactancia materna.

 

Bogotá D.C. septiembre 6 de 2019 (Prensa Senado). El senador Juan Luis Castro Córdoba (Partido Verde) socializó el proyecto de Ley que busca fomentar, proteger y apoyar la lactancia materna, al  igual que las buenas prácticas de alimentación infantil. La iniciativa fue construida por la organización Educar Consumidores e impulsado por el congresista. La actividad se llevó a cabo en el Salón Amarillo del Capitolio Nacional, con la asistencia de madres lactantes y representantes de ONGs dedicadas a la defensa la sana nutrición de la población infantil.

 

El legislador manifestó que el proyecto pretende rendirle un tributo a Gloria Ocho Parra, incansable defensora y activista en favor de la lactancia materna y de los derechos de mujeres y niños; creadora de la estrategia de Salas Amigas de la Lactancia en Colombia y autora de la resolución que acoge parcialmente el código Internacional de Sucedáneos de la Organización Mundial de la Salud. Dijo que se pretende asegurar una nutrición excelente y hábitos de alimentación saludables para la población de primera infancia en Colombia​.

 

Igualmente, explicó que se propende desarrollar una gama de regulación coherente asociada con la comercialización y  distribución del producto que sea utilizado para la alimentación de lactantes y niños pequeños de hasta 36 meses, mujeres gestantes y en período de lactancia. “Logrando esto, podremos prevenir y atajar la grave problemática actual asociada a elevados índices de sobrepeso, obesidad y enfermedades no transmisibles en los niños de Colombia”, afirmó el congresista Castro Córdoba.  Agregó que se buscará articular esfuerzos para vincular a todos los niveles públicos y privados, el sector educativo y productores, comercializadores o distribuidores de productos sucedáneos de la leche materna, de productos complementarios de la lactancia materna. 

 

Apartes del proyecto

Pretende certificar a las IPS como Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia para que las Instituciones Prestadoras de Salud, públicas y privadas, en toda Colombia se acrediten cumpliendo unos requisitos asociados con el bienestar de la primera infancia y protección a la maternidad.

 Salas Amigas de la Mujer y la Infancia:

Se iImpondrá la obligación de que el Gobierno Nacional reglamente las Salas en todo el territorio nacional, las cuales son un espacio seguro para que las madres lactantes cuenten con acompañamiento técnico de personal capacitado. 

 

Regulación del etiquetado

Etiquetados en productos designados y restricciones; define a productos designados a las fórmulas infantiles, incluida cualquier preparación comercial que se use para alimentar a lactantes desde el nacimiento hasta los 12 meses, asimismo fórmula infantil especial, dirigidos de niños de cero a 6 meses.

Otros productos lácteos, alimentos o bebidas cuando se comercializan  para bebés o niños pequeños o de otro modo se indique que pueden emplearse, con o sin modificación para sustituir parcial totalmente la leche materna. Fórmula para mujeres embarazadas o para madres lactantes, incluidas aquellas que se usan para promover indirectamente las fórmulas infantiles, en desarrollo de prácticas de promoción cruzada. 

 Protección Social                    

El proyecto pretende restringir la manera en que se etiquetan los productos más comunes en la alimentación de niños pequeños. De la misma manera, se busca que entidades del Estado (ICBF y relacionadas) se abstengan de promover la entrega de estos productos.

      

​La iniciativa logrará que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) revise con lupa a las fórmulas lácteas infantiles, de leches de seguimiento y de crecimiento que se pretendan comercializar en el país, tanto nacionales como importadas. Con esto se busca monitorear y verificar que estas no estén contaminadas con microorganismos patógenos como el Cronobacter ​Sakasaki o la ​Salmonella Entérica, entre otros. Con esto se evitarán enfermedades en la primera infancia de Colombia.  

 

De la misma manera busca dinamizar el rol del Ministerio de Salud y Protección Social y las Secretarías departamentales y municipales de Salud en cuanto a la vigilancia, sanción y puesta en marcha de todas las disposiciones del proyecto. En cuanto a la sanción, el proyecto vincula a la Superintendencia Nacional de Salud y la Procuraduría General de la Nación para la creación de un protocolo asociado al cumplimiento de los objetivos del proyecto de la ley.  

 

Por su parte, Rubén Orjuela, de la ONG Educando Consumidores, afirmó que la lactancia materna en el país ha bajado del 58% al 52. Indicó que el 74% de las familias colombianas hacen uso de productos con aditivos.

 

El senador Juan Luis Castro sostuvo que la leche materna es el alimento perfecto para los niños y que desde el Congreso, todas las decisiones se deben tomar con lógica, ciencia y ética. “La lactancia defiende los derechos fundamentales de los niños, ya que esta práctica permitirá tener un país con niños mucho más fuertes y sanos".

     

Líderes sociales de Bogotá reclaman protección y garantías para sus vidas

La senadora Aída Avella afirma que en la ciudad de Bogotá está la presencia de los grupos paramilitares, propiciando la inseguridad, adicción de niños en las escuelas y el reclutamiento de jóvenes adolescentes.

Bogotá, D.C. septiembre 5 de 2019 (Prensa Senado). En el Auditorio Luis Guillermo Vélez se realizó la Audiencia Pública sobre Inseguridad y Paramilitarismo en Bogotá, convocada por los senadores Aida Avella (Decente) y Carlos Lozada (Farc), con la asistencia de líderes sociales de diferentes localidades de la ciudad y de autoridades locales.

La senadora Avella aseguró que en toda la ciudad de Bogotá están los grupos de paramilitares y se practica el comercio de armas “Aquí se dan muchas amenazas a los líderes sociales, en las últimas semanas se han producidos hechos tan estremecedores como la desmembración de personas en localidades y el área Metropolitana como Soacha. Se habla de casas de piques”.

Aseguró que existen unas bandas que están propiciando la adicción de niños en las escuelas y el reclutamiento de jóvenes adolescentes. Dijo que la inseguridad ronda en todos los lugares de la ciudad. La congresista reclamó la presencia de las autoridades en las localidades. “Indiscutiblemente en Bogotá está la presencia de los grupos paramilitares, pero son las autoridades las que tienen que garantizar la seguridad de los ciudadanos. Hoy hemos escuchado denuncias, que policías están involucrados en estas actividades delictivas y esto hace sentir desconfianza en los ciudadanos, hacia quienes tienen la misión constitucional de proteger su vida, honra y bienes. Entre todos podemos colaborar, pero les pedimos a las autoridades que cumplan con su deber”. Aseguró que todos saben dónde están las ollas y dónde se hacen los negocios del comercio de armas y sin embargo, las autoridades no actúan.

Por su parte,  el senador Carlos Lozada (FARC) afirmó que toda esta situación de inseguridad y la presencia del paramilitarismo se contrarresta con una política pública integral, que garantice la seguridad en el campo y la ciudad. “En esta audiencia vemos las alertas que ha venido haciendo la Defensoría del Pueblo y las denuncias de los lideres. Vemos que el paramilitarismo es una realidad en la ciudad de Bogotá. Esto tiene que ver con el compromiso que hizo el Estado en el Acuerdo de Paz, en el sentido, que se cree la Unidad para el desmonte de esos grupos, en los territorios y Bogotá. Está demostrado que esa estructura se extiende a los barrios de la periferia de las grandes ciudades”. Afirmó que el Estado está obligado a desarrollar esa política de desmantelamiento de estos grupos.

 

Intervención de las autoridades

Ricardo Arias, director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, manifestó que se requieren políticas públicas para la protección y garantías de los líderes sociales. Debemos apuntarle a una seguridad integral. Tenemos que ser ese país, donde se destaque el papel de nuestros soldados y policías. Ellos son los primeros en la defensa de los derechos humanos".

Por su parte, Javier García, de la Fiscalía Seccional Bogotá, dijo que da un parte de tranquilidad a la ciudadanía, porque están trabajando de la mano con la Policía Judicial, las víctimas y la comunidad en general para desmantelar a todas las bandas delictivas en las diferentes localidades de la ciudad. García informó que han capturado a 213 bandas delictivas y tienen en mira otras 90.

Asimismo, Rafael Hernando Navarro, de la Defensoría del Pueblo, manifestó que toda esta situación es un conflicto que funciona con la participación de la delincuencia organizada, que trabajan en las alertas tempranas para detectar los riesgos y tomar medidas con las autoridades. Solicitó al Gobierno Nacional que se tomen las medidas para proteger la vida de quienes participen en política, al igual la de los líderes sociales.

Francisco Pulido, subdirector de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, expresó que esa dependencia avanza en los programas en la prevención y protección de los Derechos Humanos de los habitantes de la ciudad. Sostuvo que todas las actividades las realizan, teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

 

Participación de líderes sociales

Sebastián Quiroga, representante de la ciudadanía, expresó que en la capital del país se da la violencia política en la oposición. Denuncia que también existe una estrecha relación entre los que venden las sustancias de uso ilícito y las autoridades. “Esto aumenta la inseguridad en la ciudad”.

Por su parte, Heidy Sánchez, indicó que en el último año, la inseguridad en la ciudad ha aumentado en un 57%. Pide que se persiga a los grandes expendedores de drogas, quienes originan la inseguridad. “Los jóvenes y niños vienen siendo objeto de éste tipo de negocio con la droga, mediante el consumo y la distribución de la distancia”. Agregó que existe una violencia generalizada, pide que se determinen las acciones para acabar con las bandas del narcotráfico, reclama las estrategias en seguridad y oportunidades para los jóvenes.

Entre tanto el abogado Camilo Fragua, denuncia que en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Kennedy, se ha fortalecido la violencia social, debido a que en Bogotá se le ha dado la espalda a la implementación de los Acuerdos de Paz. Solicitó un programa para que controle el narcotráfico y el reclutamiento forzado, al igual que saquen las armas y el discurso de odio en las actividades políticas.

En la intervención de Omar Díaz, defensor de Derechos Humanos, de la Localidad de Kennedy, señaló: "Las Águilas Negras empezaron a volar por las localidades de nuestra ciudad, vemos de manera cruda como se hacen las llamadas limpieza social”. Añadió que “estas bandas criminales son una estrategia política contra los jóvenes que pensamos distintos". Dijo que es necesario que el Gobierno se comprometa a garantizar los derechos de los líderes sociales. "Necesitamos condiciones para la vida, no más jóvenes para la guerra" y pidió garantías para la vida.  

Entre tanto, José Mauricio Esguerra, de la Red de Derechos Humanos de Bogotá, afirmó que desde el año 2017 han aumentado las amenazas y asesinatos en la periférica de la ciudad. Denunció que han identificado los grupos armados, conocidos como 'Los Paisas', 'Los Costeños' y 'Los Venezolanos'. "Ellos refuerzan el sicariato, el reclutamiento forzado en la ciudad y se ha recrudecido el paramilitarismo". Exigió que el gobierno local se apersone de todos los casos de violencia e inseguridad en las localidades. Se refirió a los miembros de la Policía que participan en estos actos delictivos.

 

Senado de la República y la Universidad Nacional firman convenio marco de cooperación

Se renueva apoyo interinstitucional en apoyo académico para el Congreso.

Bogotá D.C., septiembre 5 de 2019. (Comunicaciones Secretaría General). En el marco del 'Primer Seminario Internacional de Altos Estudios Legislativos, Prospectiva y Calidad de la Producción Legislativa', realizado los días 3 y 4 de septiembre en el Senado de la República y organizado por la Universidad Nacional, la Universidad de París y el Centro Investigaciones y Altos Estudios Legislativos, CAEL, se firmó el importante acuerdo.

El seminario internacional contó con la presencia de la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, y catedráticos de la Universidad de París, como Edmond Jouve, Alain Neri, Fabián Cadey e importantes maestros de las universidades de los Andes, Javeriana y Nacional, entre otras.

Este espacio fue el acorde para concretar y estrechar las relaciones academia – legislativo y basados en la resolución 177 de 2014 de la MesaDdirectiva del Congreso, que creó el Centro de Altos Estudios Legislativos – CAEL, y cuyo propósito es diseñar, efectuar y fomentar la investigación legislativa, entre otros, donde se firmó el convenio interinstitucional entre la Universidad Nacional de Colombia y el Senado de la República, en el que se comprometieron a actuar conjuntamente en campos, planes, programas y proyectos de interés común en investigación, asesoría técnica, docencia, capacitación, extensión y en todas las demás formas de acción que convengan a las partes.

La rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, se mostró complacida por la firma del presente convenio tras suscribir de nuevo esta cooperación interinstitucional con el Congreso. El secretario General del Senado, Gregorio Eljach Pacheco, expresó que la Universidad Nacional de Colombia “ha sido una aliada estratégica fundamental para el desarrollo del CAEL, en esta oportunidad suscribiendo el segundo convenio a cuatro años para adelantar conjuntamente con los miembros del CAEL y con los profesores investigadores de la Nacional trabajos de investigación sobre temas Legislativos, de Democracia y de partidos políticos todo con la anuencia de Colciencias”.

Cabe anotar que el citado convenio cuenta con el respaldo de Colciencias mediante la resolución 750 de 2018, que reconoció al Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos CAEL, como centro de conocimiento legislativo, convertido en un actor relevante, único y especializado frente al Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SNCTeI ).