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Denuncian impunidad en violaciones de derechos humanos, en Boyacá

En el auditorio Bicentenario, de Tunja, sesionó una audiencia pública, con la participación de organizaciones sociales, autoridades regionales y representantes del Ministerio Público.

Por: Giovanny Mora López

Bogotá D.C., diciembre 6 de 2021 (Prensa Senado). La presidenta de la comisión de Derechos Humanos, senadora Sandra Ramírez Lobo (Partido Comunes) fue enfática al pedirles a las autoridades que se esclarezca y se castigue a los responsables de las violaciones “sistemáticas” a los derechos humanos que se han dado en las últimas décadas, en esta región del país.

En el certamen – que se realizó en el marco de la conmemoración de los 93 años de la Masacre de las Bananeras (6 de diciembre de 1928) – asistieron funcionarios de la Alcaldía de Tunja, de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría Provincial, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y organizaciones sociales.

La senadora Ramírez Lobo dijo, “lo que pasa en Boyacá es la aceleración de un proceso estructural; el de un departamento sin autonomía y con una subyugación de su población al clientelismo político”.

Las cifras

Una radiografía de lo que ha pasado en esta región, la presentó el Banco de Datos del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep): 81 ejecuciones extrajudiciales (homicidios por parte de miembros de la fuerza pública, y grupos paramilitares), entre 2001 y 2008; y 18 personas asesinadas, dentro de la que se denomina “exterminio social” (asesinatos de habitantes de la calle, consumidores de drogas alucinógenas, etc.).

Uno de los casos sobre los que se llamó la atención fue el de la masacre del Páramo de La Sarna, ocurrida el primero de diciembre del 2001, cuando fueron asesinados 15 de los 18 ocupantes de un bus de la empresa Cootracero, que cumplía la ruta Sogamoso - Labranzagrande. La masacre fue perpetrada por paramilitares de las Autodefensas Campesinas del Casanare, con la complicidad de agentes del Estado.

Para la investigadora del Cinep, Ángela Ballesteros Gómez, “esta es una de las masacres más atroces cometidas en el centro del país. Este hecho todavía se encuentra en la impunidad”, pese a las sentencias que se han proferido en 2015 y 2019.

Ballesteros Gómez agregó que, en Boyacá, se han registrado 116 víctimas de desapariciones forzadas, que corresponden a 55 casos; y 227 víctimas de lesiones físicas, por parte de miembros de la fuerza pública, durante los paros agrario, de 2013; camionero, de 2016; y nacional, de 2021. “Estos datos son un subregistro porque sabemos que las cifras son mucho más grandes”, manifestó la investigadora.

Por su parte, el defensor del Pueblo, en Boyacá, Fredy Iovanny Pardo Pinzón, dijo que, en el marco de las protestas sociales, su despacho ha desplegado un trabajo sobre promoción y divulgación de los derechos humanos, y que los resultados han sido positivos.

A su turno, el defensor de derechos humanos, Pedro José Vargas, solicitó a las autoridades el amparo real al derecho a la protesta a través del diálogo con los manifestantes, en vez de la represión.

Peticiones

Al final, las organizaciones sociales y ONG, encabezadas por el Cinep, le formularon las siguientes peticiones a la comisión de Derechos Humanos del Senado, al Gobierno Nacional, a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Comisión de la Verdad:

Que cesen todas las agresiones contra los derechos humanos en Boyacá; verdad y justicia; que se condene a los máximos responsables de estos crímenes; que la Comisión de la Verdad analice y evidencie la violencia política y los efectos del conflicto armado en Boyacá; y que la JEP reconozca la calidad de víctimas de las personas que les fueron relacionadas en el informe que le presentaron en 2020.

TambWhatsApp_Image_2021-12-07_at_12.17.33_PM.jpegién solicitaron que los casos de Boyacá sean priorizados dentro del caso 003 (muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes estatales); que se abra un macro caso entre la relación la fuerza pública y el paramilitarismo; que el Estado cumpla con la sentencia que le ordena reconocer su responsabilidad la masacre del páramo de La Sarna; y que se otorgue un reconocimiento público a todas las víctimas de crímenes de estado.

Para revivir esta audiencia púbica:

https://www.youtube.com/watch?v=Ur6T7lpHXMQ

A sanción presidencial iniciativa de desconexión laboral

En plenaria de Senado, quedó aprobada la conciliación de dos proyectos de ley en pro del mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos.

Por: Karen Madera Castro

Bogotá D.C., diciembre 6 de 2021 (Prensa Senado).- En el marco de la plenaria de la corporación se dio luz verde a la propuesta legislativa que regula la desconexión laboral al permitir que los trabajadores tengan tiempo para descansar y disfrutar con sus familias. Los senadores ponentes fueron Laura Fortich Sánchez (Liberal) y José Polo Narváez (Alianza Verde).

Este proyecto que pasa a sanción presidencial, promueve la desconexión laboral de los trabajadores y relaciones laborales en espacios donde puedan disfrutar de su tiempo libre y descanso, ya sea vida familiar o situaciones personales que así lo requieran como licencias, vacaciones o permisos.

Los beneficiados de esta iniciativa son todas las personas que se encuentren vinculadas laboralmente dentro de las diferentes modalidades de contratación: trabajo presencial, teletrabajo, trabajo remoto y en casa.

La segunda, es la iniciativa que crea mecanismos para la repatriación de cuerpos de connacionales que se encuentren en el exterior. El autor de la iniciativa que también pasó a sanción presidencial, es el representante a la Cámara, Juan David Vélez Trujillo (Centro Democrático), ha manifestado que el proyecto busca crear mecanismos para la repatriación de colombianos fallecidos en el exterior, atendiendo un drama humanitario del cual son víctimas cientos de personas.

En el mismo sentido el congresista Vélez Trujillo argumentó, “el proceso de repatriación de un connacional fallecido actualmente, puede llegar a durar hasta un mes y costar entre seis millones y treinta millones, incluye todos los trámites que deberá hacer la familia. Lo anterior no siempre cuenta con un acompañamiento o asesoramiento del Estado, situación que dificulta aún más el drama familiar”.

La plenaria también aprobó en último debate el proyecto de ley que fortalece el financiamiento de los pequeños y medianos productores agropecuarios. El Senador ponente fue David Barguil Assis (Conservador).

El congresista conservador fue enfático en afirmar, “hoy en día si uno revisa las cifras aproximadamente el 90% del crédito agropecuario en este país se lo llevan los medianos y los grandes, es decir no le llega la mayor cantidad de recursos a quienes más queremos impulsar que es al campesino, al colombiano de la ruralidad, que depende en gran medida de este financiamiento para poder impulsar su negocio agropecuario”.

En el mismo sentido agregó, “es una iniciativa que va a tocar a ese tejido del campesinado, a los productores del campo de todo el territorio nacional y que va a permitir que muchos de estos que hoy no cuentan con financiación lo logren con esta ley”.

Esta propuesta legislativa de autoría del Representante cordobés Erasmo Elías Zuleta Bechara (Partido de la U) plantea que los grandes productores tengan un límite de asignaciones hasta el 50% y el restante 50% se dirija a medianos y pequeños productores del campo, que representa un financiamiento de aproximadamente 9 billones de pesos.

En el caso que las instituciones financieras no sustituyan estos recursos con créditos hacia pequeños y medianos productores, deberán invertir en títulos de desarrollo agropecuario para financiar a Finagro y que esa institución a través de créditos de redescuento focalice los recursos hacia los pequeños y medianos productores.

Finalmente, el Representante Zuleta Bechara sostuvo, “es un día histórico para el campo colombiano, ya que este proyecto garantiza más de 9 billones en financiamiento de nuestros pequeños y medianos productores. Lo que buscamos es cumplir con el deber constitucional que tenemos como congresistas de tener un país más equitativo para saldar la deuda histórica que existe con el campo colombiano”,

Revive la transmisión https://youtu.be/dz4MeM9pIuc

Ley “Sandra Ceballos” cubrirá reconstrucción mamaria a sobrevivientes de cáncer

Gracias a esta iniciativa las mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, podrán acceder a programas de apoyo de rehabilitación integral que abarcan, desde la rehabilitación física en todos sus componentes, incluye cirugías y prótesis necesarias, hasta la atención psicológica y social. 

Por: María Fernanda Villegas 

Bogotá D.C., diciembre 6 de 2021 (Prensa senado).- Los plazos para la atención rápida y ágil por parte de las entidades responsables de brindar los servicios médicos quedarán determinados de la siguiente manera: sesenta (60) días en el caso de procedimientos de reconstrucción mamaria; treinta (30) días para las consultas de asistencia especializada; cinco (5) días para la realización de pruebas diagnósticas y quince (15) días para el acceso a consultas de carácter psicológico y social.polish_save_2_2.jpg