Con más de 20 invitados de la academía, sindicatos, asociaciones, entre otros actores, se desarrolló la citada audiencia pública.

Por: Paola Álvarez

Bogotá D.C., mayo 24 de 2021 – (Prensa Senado). – La Comisión Séptima realizó este miércoles un audiencia previa al primer debate del Proyecto de Ley 109/20 S. que establece la conformación e integración de las juntas regionales y nacionales de calificación de invalidez.

El encuentro virtual tuvo como invitados a gremios, asociaciones, sindicatos, universidades, empresas y entidades del Gobierno Nacional.

El senador Alberto Castilla, del partido Polo Democrático, en su apertura indicó que “esta iniciativa viene haciendo trámite en el Congreso desde 2017, hemos verificado la realidad de los trabajadores que por accidentes de trabajo o por enfermedad acuden a juntas para que hagan un dictamen con relación a la pérdida de capacidad laboral".

Así mismo,  Ricardo Álvarez, del Ministerio del Trabajo, se mostró de acuerdo con lo que sostuvo el senador Castilla, consideró que este proyecto de Ley sigue siendo realmente importante, pues su principal objetivo es “garantizar el derecho oportuno a todos, la seguridad social de los trabajadores que sufran una contingencia o accidente laboral, para acceder a prestaciones económicas y asistenciales”.

Por otra parte, en el desarrollo de la audiencia, intervino Elizabeth Cuervo, médica de la Junta Nacional, quien manifestó tener la claridad desde lo técnico, desde los conocimientos, manuales y evidencias a nivel mundial de casos para la pérdida de capacidad laboral, “no nos guiamos a nuestro libre albedrío, sino que nos seguimos de un manual de calificación en cada perdida".

Entre tanto, uno de los sindicatos nacionales participantes en la audiencia fue el de los Trabajadores Enfermos Industria Automotriz, representado por su presidente Jhon Ríos, quien añadió que “se debe dejar claro que el tema no es contra los trabajadores de las juntas, lo que buscamos es una eficiencia, que las juntas puedan obtener más salas, es lo que queremos con este Proyecto".

Otros de los participantes fue Víctor Trujillo, integrante de la Junta de Calificación de Invalidez, quien indicó que los integrantes actuales de la Junta Nacional y Regional, fueron seleccionados mediante un concurso de méritos realizados por la Universidad Nacional, con iguales exigencias y requisitos a los propuestos por el proyecto109/20.

Añadió además que: "tenemos una productividad creciente, producto de un trabajo esforzado de todo el equipo multidisciplinario de la junta nacional y de sus trabajadores para responder a la creciente demanda de servicios por parte de los afiliados del servicio de la seguridad social".

Así mismo, en este amplio debate, Sintracarbón, representado por José Brito, manifestó que la intención es bajar los tiempos de calificación a por lo menos de 6 meses, y que pueda existir una lista de chequeo donde las partes tengan conocimiento de lo que necesitan, para así entregar al patrono la obligación de dar la documentación. Brito añadió que “ya se elaboró una tabla de enfermedades diciendo claramente cuándo existen los riesgos y cuáles son las enfermedades laborales y se habló de nombrar nueva junta".

La delegada para este foro, quien precisó que "desde la academia manifestamos preocupación por los términos en que se plantea el Proyecto de Ley 109/20, en consideración a que no cumple con lo indicado por la Corte Constitucional en la S.C914/2013, ni contribuye a los asuntos de salud pública".

Por su parte Farit Zurida de Sintramienergetica, indicó que ellos encontraron que los términos y procedimientos para realizar la práctica de un dictamen de origen laboral siguen siendo demasiado tardíos, y que el trabajador es quien sufre con su familia por el trance que le ocasiona iniciar un trámite.

Entre tanto, el secretario de Sintravidricol, Armando Orjuela, en apoyo a la iniciativa indicó que “este proyecto se ha generado desde el seno de las quejas, buscando solucionar los problemas de los trabajadores, que se podría resumir como violaciones de derecho, a la hora de calificar origen y pérdida de las enfermedades.

En el desarrollo de la audiencia, la Sociedad Colombiana de Higienistas Ocupacionales, representada por el Guillermo Araque, respaldo y destacó al Senado como corporación por tener estas iniciativas, para fortalecer el sistema de seguridad social integral, con mecanismos que permitan dar un mejor ordenamiento a las Juntas de Calificación de Invalidez corrigiendo asimetrías comunes en un sistema que no es perfecto.

Finalmente, Flor Rodríguez, del Colegio de Terapia Ocupacional, y la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia (ANEC), con su delegada Beatriz Carvallo; hicieron un llamado para que se tenga presente que la calificación de la pérdida de capacidad laboral obedece a un proceso sistemático, y para que, “con debates como este, se puedan ir resolviendo temas que impiden que se presenten conflictos de intereses entre las personas que tienen que entrar a calificar”.

Reviva la audiencia de la Comisión Séptima a través del siguiente enlace  https://www.youtube.com/watch?v=RgEI90kKnh4
(Foto de referencia Ministerio de Trabajo)

Exministros y expertos en macroeconomía, se reunieron para dar sus consideraciones sobre el actual panorama financiero del país y proponer posibles salidas alternativas para la crisis financiera y fiscal, que se profundizó por la pandemia y el manejo por parte del gobierno.

Por: Nancy Piedad Sánchez Pérez

Bogotá, D.C., mayo 26 de 2021 (Prensa Senado).- A través de una proposición presentada por el presidente de la Comisión Tercera, senador José Alfredo Gnecco Zuleta, Partido de la U, se promovió el foro virtual, “La ruta para la recuperación y reactivación económica”, con el fin de escuchar las opiniones de ex ministros de Hacienda, economistas, investigadores y decanos de facultades de economía del país.

Al inicio del evento virtual se expuso el contexto del país que atraviesa una difícil situación política y económica, con graves denuncias de violación de derechos humanos, y un hueco fiscal que necesita ser atendido con prontitud.

El primero en intervenir fue el exministro de Hacienda y Crédito Público, Oscar Iván Zuluaga Escobar, quien planteó que el enfoque de la reforma tributaria debe girar en torno a la necesidad de discutirla de manera inmediata, porque la crisis política afecta la economía del país. A su vez, hizo un llamado al Congreso, para que adelante con celeridad esta discusión y le dé un mensaje al país y a los mercados.

Zuluaga Escobar precisó que la reforma tributaria debe tener las siguientes características: un consenso sobre su monto (14 billones de pesos); definir los ingresos permanentes (ajustar la tasa del impuesto a la renta), y transitorios (sobretasa al sistema financiero); y reducción del gasto burocrático por parte del gobierno.

Agregó, enfático: “El gobierno debe presentar un plan donde se vea un claro esfuerzo, que refleje la reducción del gasto burocrático; esta también es una oportunidad para que el Congreso dé un mensaje a la ciudadanía, y se materialice la reducción del salario de los congresistas, en el sentido de recuperar la confianza y la credibilidad”.

Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda y Crédito Público propuso, en su intervención, presentar una reforma tributaria ‘refaccionada’. Considera que tal reforma debe presentarse el 20 de julio con mensaje de urgencia.

Argumentó además, que el proceso para este reajuste fiscal no es apropiado presentarlo en lo que resta de esta legislatura, “en este tiempo que queda, a más tardar (el 15 de junio), el gobierno debe presentar al Congreso el marco fiscal de mediano plazo, con proyección a los años sucesivos, y el ministerio y el gobierno deben preparar el presupuesto para la vigencia del año entrante. Según lo dispone la Constitución, debe presentarse en los primeros 10 días de cada legislatura”.

Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda y Crédito Público, expresó que “Alberto Carrasquilla cometió un grave error al querer cubrir el hueco fiscal que existía, y abrió otro de 12 billones de pesos aproximadamente, sumado al Sistema General de Participación, SGP, unos cinco billones de pesos, que resultarían en más o menos 30 billones de pesos”, e instó a los congresistas a preocuparse por lo verdaderamente importante: la pandemia, que para él es un problema de 10 o 12 billones de pesos. Reconoció a su vez, que ésta reforma tributaria fue regresiva desde donde se le vea, pues puso una carga enorme y desmedida en la clase media.

Para Echeverry, la reforma tributaria debe proponerse recoger, a lo sumo, 10 o 12 billones de pesos; entiende que el problema es en esencia financiero, y que los ingresos tributarios serán para el próximo gobierno. Por todo eso, aconseja no generarle gastos excesivos al gobierno entrante, por que no va a tener cómo pagarlos; así mismo, dice, que si bien es necesario hacer una reforma tributaria, es conveniente dejársela al otro gobierno.

Marcela Eslava, decana de la facultad de economía de la Universidad de los Andes, reconoció la necesidad de hacer una reforma tributaria que recaude fondos para el futuro, pero no debe ser meramente fiscalista. Recordó también, que la enorme inequidad del país se debe a la pobreza, y propone un pacto fiscal más justo, que incluya un impuesto al patrimonio permanente y más generoso.

Seguidamente Luis Jorge Garay Salamanca, economista e investigador, propuso reforzar el programa de transferencias monetarias para el resto de este año, que es la misma renta básica de emergencia.

De esta forma, precisó, “es importante incentivar los programas de empleo, y si lo que se quiere es recaudar más, se debe gravar a las personas naturales y jurídicas con mayores ingresos; en este sentido, mantener el impuesto al patrimonio de las personas naturales, en especial las del 5% de mayores ingresos en el país, que daría del 0.2 al 0.3% del PIB; y a las personas jurídicas, por su parte, mantenerles el impuesto al patrimonio tal como está, y mayor fiscalización a sociedades jurídicas registradas en la DIAN, que no reportan pagos a nóminas, y parafiscales”.

Por último, Mauricio Cárdenas Santamaría, exministro de Hacienda y Crédito Público, recalcó que el problema fundamental del país es el desempleo, y por eso una reforma tributaria coherente debe enfocarse a resolver esta situación, por lo que cree necesario extender y prorrogar la vigencia del programa de apoyo al empleo formal, PAEF. Debido al aumento de la pobreza en las grandes capitales del país, el exministro propuso mantener el programa de ingreso solidario, ya que, según él, estaríamos peor sin éste.

Reviva la transmisión de las comisiones eocnómicas en el siguiente enlace  https://www.youtube.com/watch?v=c_laYPjtHeY





Así las cosas, para él, una reforma tributaria debe estar enfocada en resolver estos dos problemas: Desempleo y Pobreza.