Para algunos senadores se trata de una oportunidad para los jóvenes, mientras que para otros no representa un avance en el fomento del empleo.

Bogotá D.C., 22 de septiembre de 2021 (Prensa Senado). Con el objetivo de ampliar la población objeto del contrato de aprendizaje y crear el contrato de aprendizaje extendido, la Comisión Séptima del Senado, en sesión mixta ordinaria, aprobó el proyecto de ley No. 99 de 2021.

“Este proyecto de ley está bien intencionado. Es una iniciativa que complementa la posibilidad de combatir el desempleo en Colombia”, manifestó el senador Gabriel Velasco Ocampo (Centro Democrático).

Por su parte, el senador José Polo Narváez (Partido Alianza Verde) indicó que “el proyecto en discusión no ataca los problemas estructurales del empleo juvenil. Solo pretende modificar la vinculación de los jóvenes para hacerlo a través de contrato de aprendizaje y no de un contrato de trabajo”.

El contrato de aprendizaje es una forma especial de vinculación dentro del Derecho Laboral. Sin subordinación y por un plazo no mayor a dos (2) años en el que una persona natural recibe formación teórica en una entidad de formación autorizada, con el auspicio de una empresa patrocinadora que suministra los medios para que adquiera formación profesional metódica y completa, requerida en el oficio.

Según la iniciativa, “el Contrato de Aprendizaje se podrá celebrar con jóvenes menores de treinta (30) años de edad, que no hayan tenido previamente contratos laborales formales, ni contratos de aprendizaje, y que sean bachilleres graduados, técnicos, tecnólogos o profesionales universitarios, todos graduados en instituciones debidamente aprobadas por el Estado”.

El senador José López Peña (Partido de la U) dejó constancia en la sesión de su posición del voto negativo ante este proyecto de ley. “Me parece que quedó totalmente demostrado en el foro pasado que no solamente es inconstitucional, ilegal, sino también que es inconveniente. Si lo que busca es aumentar el empleo, estaríamos hablando de trabajadores y bajo este entendido en este proyecto se habla de contrato de aprendizaje extendido. Con esto se configuraría el contrato realidad, donde se prevé eventuales demandas copiosas”.

Cabe destacar, que en esta sesión mixta ordinaria también se hizo una proposición para citar al Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en aras de evaluar las condiciones actuales del campo colombiano.

La Comisión Séptima avanzará en la discusión de este proyecto en un segundo debate el próximo martes 28 de septiembre.

Las Comisiones Económicas Conjuntas de Cámara y Senado centraron la discusión sobre el gasto social, el traslado exprés a Colpensiones y la modificación a la Ley de Garantías.

Bogotá D.C., septiembre 22 de 2021. Con la aprobación mayoritaria de los 126 artículos que componen la iniciativa, pasó a segundo debate el proyecto de ley sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia 2022 y que está identificado como 096/21 Senado – 158/21 Cámara.

Es así como las Comisiones Económicas Conjuntas (Terceras y Cuartas de Senado y Cámara) discutieron en primer debate la iniciativa que busca aprobar el PGN por un valor total de $350,4 billones, para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022.

De los 4 informes de ponencia presentados (3 negativos y 1 positivo), fue aprobada mayoritariamente la ponencia positiva, la cual fue presentada por uno de los coordinadores ponentes, el senador Mario Alberto Castaño Pérez (Partido Liberal).

La discusión se centró en la importancia del gasto social, el traslado exprés a Colpensiones y la modificación al inciso primero del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías Electorales.

Al respecto, la ponencia positiva aseguró que “en este PGN se va a aumentar la inversión en inclusión social, buscando llegar a 25 millones de colombianos. El sector educación nuevamente liderará el mayor gasto. Así mismo, la apuesta en salud hace parte de este grupo de programas sociales”.

En cuanto a Colpensiones, el artículo 104 propone que durante el próximo año se permita el traslado de afiliados de fondos de pensiones privados a Colpensiones, siempre y cuando sean hombres mayores de 52 años o mujeres mayores de 47, que hayan cotizado como mínimo 750 semanas al Régimen de Prima Media.

El otro punto de la discusión fue el artículo 125, que modificaría la Ley de Garantías, al permitir que “las entidades del orden nacional y las entidades territoriales podrán celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos”.

Voces diversas sobre el PGN

El senador Mario Castaño Pérez, uno de los coordinadores ponentes, explicó que “los programas sociales se han incrementado un 39%”, y aclaró que “nosotros no estamos haciendo ningún mico, ni ninguna maniobra politiquera, ni ninguna jugadita, no estamos acabando con la ley de garantías, nosotros estamos haciendo eco al clamor de

1.103 alcaldes del país y 27 gobernadores que no han podido ejercer su cargo puesto que la pandemia los cogió con dos meses de mandato”.

 Por su parte, el senador Wilson Arias Castillo (Polo Democrático Alternativo), quien presentó una de las ponencias negativas, sugirió que “en lugar de implementar una reforma tributaria ambiciosa y progresiva que eliminara los beneficios tributarios de las reformas 2018-2019 y obtuviera recursos de los percentiles más adinerados, el Gobierno recurre a recortar el gasto en la ayuda social a la población vulnerable y en la protección del empleo para el 2021”.

El senador Gustavo Bolívar Moreno (Colombia Humana), al referirse a la modificación de la ley de garantías, aseguró que “quien propuso ese artículo le está haciendo trampa al país. Y quienes lo voten también”, al tiempo que añadió que el Presupuesto General de la Nación busca “capitalizar con capital privado a Positiva Seguros, una empresa el estado”.

En este sentido, el ministro de Hacienda José Manuel Restrepo instó a los congresistas a “no tenerle miedo a la reactivación económica, que es hoy la prioridad en la construcción del país. Y la reacción es primero con inversión social, incentivando la generación de empleo y atendiendo al micro y pequeño empresario. No creo que sea el momento para aplazar este tipo de necesidades, porque significa aplazar la respuesta a la necesidad social del país. Tampoco estamos desmontando la ley de garantías. Es solo un ajuste temporal de un inciso de un parágrafo, lo cual es completamente diferente”.

De esta manera, avanza la discusión del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2022, que ahora pasa a las plenarias de Cámara y Senado para continuar su trámite legislativo, donde se revisarán 73 nuevas proposiciones presentadas.