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En el Foro-Región Bogotá se develaron varios inconvenientes en su funcionamiento como una Corporación Autónoma sin controles y preocupó a los participantes los aspectos negativos para temas ambientales, falta de controles y de urbanismo sin límites.
Bogotá D.C., 10 de junio de 2020 (Prensa Senado). En sesión virtual de la Comisión Primera se realizó el Foro- Región Bogotá, organizado por el senador Gustavo Petro, de Colombia Humana, en cumpliendo con las condiciones para dar continuidad al trámite del proyecto de reforma constitucional sobre la creación de Bogotá Región. En la reunión participaron los sectores comprometidos en la iniciativa, los que dieron a conocer sus opiniones que serán claves al momento de ir al último debate ante la plenaria para la aprobación de la iniciativa.
Es así como asistieron alcaldes, diputados, concejales, organizaciones sociales y los legisladores de la Comisión Primera para escuchar las opiniones desde los diferentes sectores que en su mayoría se pronunciaron contrarios a la aprobación, argumentando el desconocimiento del contenido del proyecto de acto legislativo y una serie de dudas por el manejo administrativo, protección ambiental, servicios públicos, urbanismo, la falta de la consulta popular y lo más importante la duda sobre autonomía para la toma de decisiones que no es claro.
A su vez, el senador ponente del acto legislativo, Germán Varón, de Cambio Radical, dio paso para que todos los convocados expusieran sus inquietudes y opiniones que servirán para ajustar la iniciativa que próximamente irá a su debate final ante la plenaria. “Es de aclarar que Región Bogotá, le traerá a los municipios de Cundinamarca un gran apoyo para su desarrollo y solo es de abastecimiento y transporte, no se perderá autonomía de los mandatarios electos”, explicó.
En el desarrollo del foro, el congresista Rodrigo Lara, Cambio Radical, fue enfático en señalar que en caso de aprobarse sería un daño irreparable para la administración de los municipios de Cundinamarca y del Distrito Capital y las consecuencias son totalmente negativas para la región que crearía un Leviatán sin controles políticos, vigilancia, administrativo y estaría rigiendo a todos los municipios de Cundinamarca. Sería una nueva entidad territorial e inmanejable, incluso impondría nuevos impuestos por ser autónomo e inmanejable.
El congresista citante del foro, Gustavo Petro, argumentó que “aquí se discute que la nueva entidad quita la consulta popular y tiene que ser el eje central del estado de derecho y Bogotá Región no. La decisión debe ser de las comunidades y debe ser atendido por los alcaldes, concejales, diputados y Gobernador. Las decisiones deben ser consultadas solo con las comunidades”, a lo que agregó: “La corrupción política se traduce con el incremento del valor de la tierra especulando con elevados precios y destruye la economía rural como el ecosistema perdiendo todo su entorno natural como sucede en Chía, Cajicá, Bosa, Soacha”, denunció.
Así mismo afirmó que “la figura de Bogotá Región va a quitar la autoridad y autonomía a la Alcaldía Mayor de Bogotá y mandatarios locales y se la traslada al gerente e integrantes del ente que no tendría control político ni ciudadano. Sería un gran empresariado por encima de los mandatarios elegidos popularmente (alcaldes, concejales y diputados), elimina la consulta popular e imperarán intereses particulares”, expuso el dirigente del sector político de Colombia Humana.
Opiniones de participantes
Unos a favor y otros en contra fueron los puntos de vista que esgrimieron los participantes, pero destacaron la falta de información y contenido del acto administrativo y expresaron su preocupación al considerar que no se ha tomado en cuenta la opinión de las comunidades.
Las siguientes fueron algunas de las exposiciones de los asistentes:
Para la delegada de la Asociación de Empresarios de la Sabana, María Vélez, la Bogotá Región beneficiará a la zona para desarrollo armónico, mientras que la Veedora de Cota denunció falta de resocialización del proyecto y que traería serios daños ecológicos y sociales para su localidad.
El concejal de Bogotá Carlos Fernando Galán señaló que Bogotá Región debe tener muy claro el rol que van a tener los mandatarios en decisiones locales y no ser tomadas por los dirigentes que manejarán Bogotá Región y no perder la autonomías locales. “Yo lo apoyo, pero primero se debe conocer cómo será la ley orgánica”, dijo.
“Es una excelente oportunidad para trabajar con la administración de Bogotá para alcanzar beneficios de integración económica y social. Hay que empezar a hablar un mismo idioma. Siendo vecinos iremos a evolucionar con integración regional y estoy de acuerdo con la creación de Bogotá Región siempre y cuando se tenga autonomías locales”, manifestó el alcalde de Mosquera, Giuan Geromett.
El exgobernador, exministro y exsenador Andrés González indicó: “Este proyecto es necesario que se apruebe, ya que unirá aspectos del Área Metropolitana, Región y Capital. Esto nos generará desarrollo integral e inclusión social de equidad. Traerá progreso y unificará programas de educación ambiental, transporte y economía. Será importante para el país”.
“La clave es que la ley orgánica de la iniciativa tenga claro las funciones y en especial respetar la autonomía local y regional y cualquier decisión sea concertada y se priorice la protección ambiental con medidas amigables para el desarrollo integral” manifestó Manuel Rodríguez, de la Corporación Pro Defensa Sabana de Bogotá.
La concejala por Bogotá Susana Muhan precisó: “Se requiere que Bogotá Región tenga una alta participación local y regional y de la ciudadanía en todas las decisiones que se tomen en los proyectos y siempre se respete al sistema ecológico y ambiental como medida esencial”.
A su vez, el alcalde del municipio de Funza, Daniel Bernal, afirmó que sería una herramienta positiva para fortalecer el desarrollo integral y recomendó que la Ley orgánica que se incluye en el proyecto de reforma constitucional sea muy clara en la autonomía local y regional y se establezcan aspectos de protección ambiental, transporte y se mantenga la autonomía de los municipios.
“Región Bogotá permitirá seguir avanzando en temas sensibles para beneficio del departamento de Cundinamarca en aspectos de movilidad, servicios públicos y transporte con prioridad en lo ambiental, como se viene realizando con la recuperación del río Bogotá. La ley orgánica debe tener controles, supervisión y voz para concejos y alcaldes”, afirmó el diputado por Cundinamarca, Julián Sánchez.
El concejal de Zipaquirá Felipe Durán, dijo que ese municipio “se ha convertido en ciudad dormitorio y la expansión urbanística está afectando la producción rural despojando el crecimiento agrícola y con la creación de la corporación, nos seguirá afectando con la pérdida de autonomía y no nos han consultado. No estamos de acuerdo”.
Se requieren controles efectivos para frenar el urbanismo sin control y garantizar con prioridad el sistema ambiental de Cundinamarca y priorizar en la ley orgánica de Bogotá Región, que se tengan en cuenta las decisiones de las comunidades en la protección de ríos, bosques, páramos y fauna. “El urbanismo desmedido está acabando con los recursos naturales”, opinó Jiomar Bohórquez, representante del Club de Ciencia y Jóvenes por el Clima de Cundinamarca.
“Las áreas metropolitas están funcionando en otras regiones y no podemos perder la oportunidad para que los municipios de Cundinamarca podamos unirnos para el progreso y desarrollo regional”, indicó el alcalde de Guasca, Omar Cifuentes.
El concejal de Mosquera Ivonnet Tapia, dijo: “Estoy en desacuerdo por los negativos impactos ambientales y por el desplazamiento del sector productivo rural por los proyectos urbanísticos, vías de gran impacto como la ALO y más peajes nos afectaría notoriamente. Desconocemos la ley orgánica y no nos han llamado a consulta popular”.
"Me parece muy importante la integración que se va a lograr entre los municipios de Cundinamarca y la Gobernación con Alcaldía de Bogotá para unificar proyectos de desarrollo y que la interacción sea productiva para sus localidades y se adelanten obras de positivo impacto, pero se debe tener un mecanismo de control", manifestó Simón Gaviria, ex congresista y ex director del Departamento Nacional de Planeación, DNP.
Otros intervinientes entre los que se encontraron concejales de los municipios de Tenjo, Mosquera, Soacha, Chía, Zipaquirá, Cajicá, Tocancipá y Bogotá como de organizaciones sociales y ambientalistas, tomaron la palabra para reiterar que persisten dudas y desconocimiento total del proyecto de acto legislativo que no toma en cuenta ni se incluye para las decisiones en la corporación Bogotá Región y exigen que antes de llevar la iniciativa a la plenaria para su última aprobación se debe ajustar y dar a conocer la ley orgánica que regirá dicho nuevo ente administrativo.
Al finalizar, el senador Gustavo Petro, como organizador del foro, señaló que no se debe excluir la participación ciudadana y es necesario tener en cuenta las opiniones de las comunidades para decidir sobre la creación de la corporación y en las decisiones que se tomen en la misma en caso de que sea aprobado el proyecto de reforma constitucional que pasará a la plenaria en su último trámite legislativo.
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Se ordena a las entidades del Estado automatizar y digitalizar la gestión y las estampillas deberán emitirse, pagarse, adherirse o anularse a través de medios electrónicos, bajo el criterio de equivalencia funcional. Bancada de oposición hará en sesión plenaria debate al Ministro de Defensa.
Bogotá D.C., 9 de junio de 2020 (Prensa Senado). La plenaria del Senado aprobó en último debate, el proyecto de ley por medio de cual se establecen disposiciones transversales a la rama Ejecutiva del nivel nacional y territorial y a los particulares que cumplan funciones públicas o administrativas, en relación con la racionalización de trámites y se dictan otras disposiciones, que establece la eliminación de un nuevo paquete de tramites difíciles para el ciudadano.
La iniciativa tiene por objeto facilitar, agilizar y efectivar el acceso y ejercicio de los derechos, combatir la corrupción y fomentar la competitividad, a través de racionalizar los trámites; fijar los criterios y lineamientos que deben tener estos; obligar a que los trámites sean en línea y que las estampillas sean electrónicas; ordenar la gratuidad en los registros y certificados públicos.
Así mismo, la norma aprobada en cuarto debate faculta al presidente de la República, Iván Duque, para que establezca expresamente los trámites que son susceptibles a la aplicación del silencio administrativo positivo y para que derogue algunos trámites.
Se ordena la implementación de la interoperabilidad y la carpeta ciudadana, entre otros, en toda la rama Ejecutiva a nivel nacional y territorial y, en las entidades que cumplan funciones públicas y funciones administrativas.
La nueva norma busca facilitar, agilizar y garantizar el acceso al ejercicio de los derechos de las personas, el cumplimiento de sus obligaciones, combate la corrupción y fomenta la competitividad.
Se ordena a las entidades del Estado automatizar y digitalizar la gestión interna de los trámites que se creen a partir de la entrada en vigencia de esta ley de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Dice el texto que las estampillas deberán emitirse, pagarse, adherirse o anularse a través de medios electrónicos, bajo el criterio de equivalencia funcional.
Para dar cumplimiento a este mandato la Federación Nacional de Departamentos y la Federación Colombiana de Municipios deberán ofrecer una plataforma de contrato inteligente que contemple todas las transacciones relacionadas con la formalización y cumplimiento de la relación contractual.
Estampillas electrónicas
La adopción de las estampillas electrónicas se deberá realizar de acuerdo con la categoría del ente territorial, en los siguientes plazos: • Categoría Especial: Doce (12) meses a partir de la entrada en vigencia de esta ley. • Primera Categoría: Treinta (30) meses a partir de la entrada en vigencia de esta ley. • Segunda y Tercera Categoría: Treinta y seis (36) meses a partir de la entrada en vigencia de esta ley. • Cuarta, Quinta y Sexta Categoría: Cuarenta y ocho (48) meses a partir de la entrada en vigencia de esta ley.
Los distritos, departamentos y municipios para cumplir con esta obligación, podrán usar, por una sola vez, hasta un veinte por ciento (20%) del recaudo anual de las estampillas.
Los entes territoriales deberán socializar por los medios que consideren más expeditos, la implementación y funcionamiento del sistema de desmaterialización y automatización de las estampillas electrónicas
Si un trámite requiere de la expedición de estampillas emitidas por distintos entes territoriales, dichos entes deberán coordinarse para que el ciudadano pueda realizar el pago de dicha estampilla en un mismo momento, a través de la plataforma de contratos.
El Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, deberá radicar ante el Congreso de la República en un plazo máximo de un año, un proyecto de ley estatutaria que regule y ponga topes a la exigencia de estampillas para la realización de un mismo trámite.
De la gratuidad de certificados y las consultas de acceso a la información pública Artículo 13. Desmaterialización y gratuidad de certificados.
Las entidades de la rama Ejecutiva del nivel nacional y territorial, que en ejercicio de sus funciones emitan certificados respecto a cualquier actuación o situación de un particular en relación con la entidad, deberán disponer de dicha información como un registro público y habilitar su consulta gratuita en línea.
Salvo que se trate de normas de carácter especial, asociados al régimen mercantil, laboral, profesional y de seguridad social.
El artículo 14 de esa iniciativa habla de consultas de acceso a información pública y agrega que los trámites que hayan sido establecidos o reglamentados con anterioridad a la expedición de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sobre los cuales se tenga alguna tarifa asociada y cumplan con las características de consulta de acceso a información pública, deberán ser gratuitos de inmediato, salvo que se trate de normas de carácter especial, asociados al régimen mercantil, laboral, profesional y de seguridad social.
Una vez se convierta en ley se aplica a toda la rama Ejecutiva del nivel nacional y territorial, así como a los particulares que cumplan funciones públicas o administrativas.
El senador ponente Fabio Amín manifestó: “Las principales consideraciones que tiene la iniciativa legislativa son las de pretender solucionar problemas relacionados con los servicios ciudadanos digitales, compilación de trámites, estampilla electrónica, faltas disciplinarias por el incumplimiento de los servidores públicos, formularios únicos, interoperabilidad, oficina de relación ciudadana, racionalización de tramites con la eliminación de alguno de ellos, pero sobre todo, los tramites en línea previo concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública.”
Agrego: “Hablábamos de lo necesario y conveniente que es este proyecto de ley que cursa su último debate en la plenaria del Senado, para que precisamente, en la intención de racionalizar tramites podamos facilitar, agilizar y garantizar el acceso pleno al ejercicio de los derechos de las personas, en cumplimiento de las obligaciones, combatir la corrupción y fomentar la competitividad”.
Por otro lado, la plenaria del Senado decidió aplazar el proyecto de ley por el cual se prohíbe en Colombia la experimentación, importación, fabricación y comercialización de productos cosméticos, sus ingredientes o combinaciones de ellos que sean objeto de pruebas con animales y se dictan otras disposiciones porque no había consenso con el artículo tercero sobre excepciones.
El siguiente fue el artículo de la controversia: Se exceptúa del cumplimiento de la presente ley, los siguientes casos:
1. Cuando un ingrediente deba someterse a pruebas de seguridad, por riesgos de salud y al ambiente y no existan pruebas alternativas validadas por la comunidad científica internacional.
2. Cuando los datos de seguridad generados a través de pruebas en animales para un ingrediente se hayan realizado para otro fin diferente al cosmético.
3. Cuando no pueda ser reemplazado por otro capaz de desempeñar una función similar, justificado debidamente a través de un protocolo de investigación detallado.
En votación nominal se aprobaron los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8 correspondiente a la vigencia, por no tener objeciones.
El presidente del Senado, Lidio García, antes de levantar la sesión anunció que este miércoles 10 de junio la plenaria del Senado se reunirá, a las 3:00 p.m., para realizar un debate de control político de la bancada de oposición al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, sobre la acción en Colombia de tropas del Ejército de Estados Unidos. Igualmente manifestó que el jueves, la plenaria continuará votando proyectos de ley y que el próximo viernes la corporación adelantará un foro sobre seguridad alimentaria.
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