Instituciones y autoridades fueron invitadas por la Comisión de Derechos Humanos, con el fin de analizar la problemática surgida ante el confinamiento obligatorio por el Covid 19 y que ha hecho surgir otro mal que está causando más víctimas.

Bogotá D.C., 23 de abril de 2020 (Prensa Senado). En un análisis a fondo de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, con las autoridades, entidades e instituciones, durante una sesión virtual, se evidenció un nuevo problema que asecha a los hogares en todo el país como consecuencia del aislamiento que a que vienen sometidas para evitar los contagios y es el surgimiento de la violencia intrafamiliar del que son objeto las mujeres y los menores de edad.

Así lo calificó inicialmente la alta Consejera para la Mujer de la Presidencia de la República, Gheidy Gallo, quien reveló que se viene adelantando una campaña para proteger y buscar la erradicación de ese mal, denominado “La Otra Pandemia”, que comprende adelantar una campaña interinstitucional para atender a cientos de mujeres y niños que son víctimas de maltratos y abusos al estar encerrados en sus sitios de habitación y lo más grave con sus victimarios.

Para el senador y presidente de la Comisión, Edgar Palacio Mizrah, (partido Colombia Justa Libres) es una situación de sumo peligro para la integridad de las familias, si se tiene en cuenta que los autores de los maltratos son los mismos padres o familiares cercanos que abusan de los menores y las mujeres y que por el cumplimiento de las medidas de prevención de la pandemia, tienen que convivir con sus verdugos.

Por su parte, la congresista Griselda Lobo (Farc) señaló que lo que se requiere para frenar estos delitos es que el Gobierno tenga la plena voluntad de crear una política pública que ampare y proteja a esta población y de una manera especial en las zonas rurales y otras alejadas de los cascos urbanos, donde no se conocen cifras oficiales, pero debido a la falta de una adecuada educación y por tradición social, impera el machismo con violencia psicológica y física.

Machismo, génesis del problema

A su vez, el legislador Alexander López, (Polo Democrático) dijo que la idiosincrasia machista y conservadora es la génesis del creciente problema, donde el hombre por su condición tradicional de cabeza de familia, jefe de hogar y quien debe proveer a su familia, asume un papel dominante y violento cuando sus allegados no cumplen con sus exigencias y eso de fondo es la falta de educación, en lo que coincidió también su colega Palacio Mizrahi, quien agregó que se hace vital desarrollar en los centros educativos escolares, primarios, secundarios y universitarios, programas que se encaminen al respeto de los derechos humanos y con énfasis en el respeto con especial atención a las mujeres y niños.

El aislamiento es una defensa al virus señaló la senadora Emma Claudia Castellanos (Cambio Radical), pero se ha convertido en un arma de doble filo, ya que mientras se busca como medida de protección e incluso fortalecer la unión familiar acatando la orden de quedarse en casa, en un buen número de hogares lo que sucede es propiciar los abusos y maltratos y por lo tanto también recomendó que se adelante con el apoyo del Gobierno campañas de educación, a través de una política social en favor de las mujeres y menores, pero apoyada por todos los medios de comunicación del país.

Esta pandemia ha hecho que se revelen los problemas que se registran el interior de las familias, donde las mujeres y las niñas son directamente quienes reciben todo tipo de maltratos al ser objeto fácil de sometimiento por sus victimarios por su condición de ser frágiles ante la violencia, desatacó el legislador por el partido Liberal Iván Agudelo.

Otro aspecto de suma importancia que se agrega para que se conviertan las mujeres en víctimas, es la falta de oportunidades educativas como laborales particularmente, puesto que al no tener condiciones económicas para subsistir junto con sus hijos se tiene que someter a sus victimarios que aprovechando su condición, chantajean y extorsionan a sus parejas o simplemente acometen contra ellas con violencia física, dijo la congresista Aída Abella.

A su vez, la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) destacó que fuera de los maltratos físicos, psicológicos o económicos que afrontan los niños y adolescentes, en el encerramiento son presas fáciles y vulnerables para ser objeto de la pornografía infantil por sus familiares y hasta por sus propios padres, a lo que se suma su sumisión por aspectos económicos, que se puede contrarrestar mediante un proyecto de ley que radicará en próximas semanas y que consiste en una iniciativa que protegerá a las mujeres que son víctimas por sus parejas por aspectos económicos

Dramáticas cifras

Por su parte, las autoridades invitadas a la sesión formal virtual expusieron sus estadísticas frente a las distintas formas de violencia contra las mujeres y menores de edad, evidenciando que el problema es más agudo y que se encamina a la descomposición del concepto de familia.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, que mantiene un programa para la denuncia de estos casos, reveló que el maltrato intrafamiliar aumentó en un 200% en el último mes, cuando inició la cuarentena por el Covid-19. A la fecha se ha recibido un total de 5.400 llamadas de auxilio a la línea púrpura, reveló la subsecretaría de la Mujer de la Alcaldía, Luisa Gómez.

La Policía Nacional reiteró lo señalado por la administración de la capital de la República, al indicar que dado el aumento de los delitos contra la mujer en este aislamiento obligatorio la Institución para una respuesta ágil anunció la próxima creación de una APP en los celulares para que las victimas denuncien fácil ante el aumento de los casos de violencia intrafamiliar al recibir a la fecha 6.474 llamadas de auxilio y denuncias en la línea 123. Reveló el subdirector de la Policía Nacional, mayor general Gustavo Moreno.

La Fiscalía General de la Nación requiere de fortalecimiento para accionar de manera ágil para proteger a las mujeres y familias. En confinamiento se han recepcionado 5.532 denuncias y por lo tanto se requieren más recursos económicos y técnicos para responder. A su vez en lo corrido del período de la pandemia se han registrado seis feminicidios y se avanza para judicializar responsables, informó la vicefiscal General de la Nación, Martha Janeth Mancera.

Como la otra pandemia ha calificado la consejera para la Mujer de la Presidencia de la República, Gheidy Gallo, la situación que se presenta por violencia intrafamiliar en este mes, recibir 2.965 llamadas pidiendo protección. Son un total de 128 diarias y por tal motivo se activarán acciones para atender y proteger a las víctimas.

Otra posible solución y más concreta para reducir la violencia intrafamiliar sería brindar una protección más adecuada y lógica a las familias, desalojando y capturando al victimario y no sacar a las mujeres y niños a casas de refugio, recomendó la delegada para los derechos de la Infancia, Adolescencia, Familia y Mujer de la Contraloría General de la República, Fiorella Olivera.

Al finalizar la sesión virtual, la Comisión de Derechos Humanos anunció enviar una urgente solicitud al presidente Iván Duque para que su Gobierno cree de manera ágil una política nacional de protección de los derechos para las mujeres en vista del vertiginoso elevado número de casos de violencia contra ellas y la familia y que aumentó de manera dramática por el aislamiento de protección a la pandemia.

“Considero que prorrogar el pago de las obligaciones no es un verdadero auxilio para los ciudadanos de los estratos más bajos. Apenas en estos momentos estamos empezando a percibir el impacto de la pandemia en la economía y en los ingresos en la población", dijo la senadora Ana María Castañeda.

Bogotá D.C., 23 de abril de 2020 (Prensa Senado). Durante reunión virtual de la Comisión Sexta, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suarez, entregó un informe detallado del plan de acción de esta entidad frente a la pandemia del covid-19.

A pesar de que el recaudo mensual del sector eléctrico es de casi 2.3 billones de pesos, la Ministra afirmó que no es posible pagar todas las cuentas de los servicios públicos, tal como le han solicitado diferentes gremios. “Tenemos que ser conscientes cuánto cuesta, tenemos que ser conscientes de que el presupuesto del Gobierno nacional es el presupuesto de todos los colombianos y funciona igual que en una casa”.

También dijo: “Lo que hacemos desde el Gobierno nacional es buscar dar todos los apoyos que sean posibles pero tenemos que asegurar que no se nos acabe la plata, porque si no todos los colombianos vamos a tener una situación complicada si el Gobierno no mantiene bien ese equilibrio y por eso no es posible una gratuidad de los servicios públicos durante este período”.

Con relación a este tema también expresó: “Hay que recordar que nosotros ya cubrimos un monto muy importante de estos recursos, porque cubrimos el 60% del consumo básico de electricidad del estrato 1, el 50% del estrato 2 y el 15% del estrato 3”.

En cuanto al incremento de algunas tarifas de energía explicó que esto se debe a que el 70% de la energía que consumimos en Colombia viene de hidroeléctricas y “cuando hay poca agua hace que tengamos que despachar otras fuentes de generación que son más costosas, entonces parte de la situación que estamos viviendo ahorita y por la cual hubo aumentos en el costo de la generación en el mes de marzo es porque nosotros venimos de un verano muy intenso”.

Desde el 14 de abril es obligatorio para todas las empresas de electricidad y gas el no poder generar incrementos en el costo de usuarios, “porque entendemos perfectamente que en la situación económica de los usuarios no se puede permitir que haya aumentos en el costo unitario, así que esos aumentos se van a diferir”.

Avance en reconexiones a usuarios

Todas las medidas que se han tomado son con el fin de asegurar la prestación del servicio y para proteger a los usuarios. La funcionaria aseguró que la primera decisión tomada frente a la crisis sanitaria fue la reconexión eléctrica de más de 80 mil usuarios y más de 30 mil reconectados en gas. “Son personas que han incumplido con el pago de sus servicios públicos y que sin ninguna condición solamente la de hacer un acuerdo de pago se les reconectó”, puntualizó.

Respecto a medidas y alivios para el pago de energía eléctrica y gas combustible, la Ministra sostuvo que este sector ha actuado con mucha rapidez teniendo siempre presente una premisa fundamental: “Nosotros nos hemos concentrado en el primer objetivo, mantener la confiabilidad en el suministro de manera segura. Teníamos que asegurar que a todos los colombianos le llegara electricidad y gas, pero que estos operarios que están en la calle lo hicieran de una manera segura ante la pandemia”.

Lo segundo, es el apoyo a los usuarios “entender que el asilamiento obligatorio genera unas condiciones económicas y socioeconómicas que hacían indispensable que el Gobierno reaccionara de una manera muy rápida para poder apoyar y acompañar a todos los usuarios que van a tener dificultades en cumplir con el pago de sus servicios públicos, para ello era fundamental y lo hicimos a través de un decreto, tener unas facultades regulatorias esenciales”.

A pesar del informe presentado por la jefa de la cartera de Minas y Energía, algunos congresistas manifestaron sus inquietudes debido al aumento de tarifas y auxilios económicos.

Como en el caso de la senadora Ana María Castañeda, quien presentó su inconformidad respecto a algunas de las medidas tomadas por el Gobierno entorno a los auxilios económicos otorgados a los colombianos en materia de servicios públicos. “Considero que prorrogar el pago de las obligaciones no es un verdadero auxilio para los ciudadanos de los estratos más bajos. Apenas en estos momentos estamos empezando a percibir el impacto de la pandemia en la economía y en los ingresos en la población, es por esto que elevamos una propuesta al Gobierno nacional, con el fin de crear un fondo de auxilio para la prestación y acceso de los servicios públicos y a través de este fondo se asumiría realmente el costo de los servicios de los estratos más bajos”.
Su colega de bancada, Antonio Zabaraín se unió a esta inconformidad y manifestó su respaldo y apoyo a Castañeda.

A su turno, el congresista Carlos Andrés Trujillo, del partido Conservador, Pidió a la Ministra mecanismos que permitan un verdadero alivio en la factura de los servicios públicos asegurando que “la gente no está preocupada por el petróleo, no está preocupada porque los embalses hayan bajado, sino que está preocupada por lo que la toca de manera directa. En el país, más del 60% dependen de la economía informal y, están preocupados por el pago de los servicios públicos debido al alza en las facturas de estos en medio de la pandemia”.

Para la legisladora Griselda Lobo, la salud, la alimentación, los servicios públicos y la renta mínima es lo que necesita la gente para poder resistir en la pandemia y para sostenerse en el confinamiento. “Es muy fácil meterle la mano al bolsillo a los colombianos, con el aumento al consumo en las tarifas. A todos los estratos le subieron las tarifas, subieron los kilovatios en plena crisis de la pandemia”.

 Igualmente, el liberal Horacio José Serpa sostuvo que “la energía eléctrica y el gas natural son servicios esenciales para todos los colombianos. Por eso, pido a la Ministra atender las quejas ciudadanas por el cobro del servicio en los meses de la pandemia. El país no puede caer en la injusticia de cobrar por lo que no se ha consumido”.

A su vez, la senadora Soledad Tamayo expresó: “Debemos evitar que además de las necesidades que tiene el pueblo colombiano evitemos que tengamos que atender manifestaciones por la demora en la entrega de los apoyos y por las manifestaciones que hay por el incremento exagerado en los servicios públicos”.

Para el congresista Jorge Guevara no se puede seguir aceptando que los servicios públicos sigan siendo una tragedia, “lo que más angustia en el país es el pago de los arriendos y el pago de los servicios públicos, yo creo que en esta oportunidad el Gobierno tiene que darle la mano a los más necesitados”.

Por su parte, la senadora Ruby Chagüi reconoció que el Ministerio de Minas ha planteado algunos alivios a los colombianos. “Hablamos de la asignación del Fondo de Solidaridad para los subsidios y la redistribución del ingreso para asegurar que los usuarios de menores ingresos tengan acceso a los servicios públicos, también el adelanto del pago de los subsidios pendientes al 31 de diciembre con la deuda pública para darle liquidez a las empresas prestadoras de servicios de energía y gas natural. Celebramos el anuncio que en los meses de abril y mayo que no va a haber incremento en el costo de kilovatios por tarifa. Sin embargo, estamos recibiendo muchas quejas de aumento del recibo de luz”.

Finalmente, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, concluyó que el Gobierno no tiene la capacidad fiscal para pagar los servicios públicos a los colombianos, por eso continuará con subsidios a estratos 1, 2 y 3, así como rediferirlos a quienes no puedan pagar.

La Comisión Sexta seguirá realizando su agenda legislativa con los diferentes funcionarios del Gobierno, se volverá a reunir mañana viernes 24 de abril, a las 10:00 a.m., con la presencia del ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón.