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Gobierno y senadores coinciden que el modelo energético colombiano ha perdido eficacia

En un debate en la Comisión Quinta de Senado,autoridades del Gobierno Nacional y representantes del sector eléctrico, cuestionaron de fondo el funcionamiento del cargo por confiabilidad.

Por: Nataly Sánchez Gual

Bogotá D.C., 5 de agosto de 2025 (Prensa Senado) En una discusión cargada de cifras, advertencias y posturas críticas, la Comisión Quinta del Senado abrió el debate respecto a la efectividad del cargo por confiabilidad en el modelo energético de Colombia.

El debate fue convocado por congresistas de las diferentes bancadas donde participó el ministro de minas y energía, Edwin Palma Egea, comisionados de la CREG, la UPME, XM y gremios como ACOLGEN, ANDEG y SER Colombia.

El debate, propuesto por los senadores José David NamePartido de la U, Isabel Cristina ZuletaPacto Histórico, Yenny RozoCentro Democrático, con el apoyo del senador Didier Lobo ChinchillaCambio Radical, se convirtió en un escenario que midió el presente y la proyección del futuro energético de Colombia, principalmente en lo que tiene que ver con los intensos veranos. 

El foco del debate giró en torno a si los millonarios recursos que los usuarios pagan a través del cargo por confiabilidad, que suman billones al año, razón por la cual giró la pregunta si están cumpliendo con su propósito de garantizar respaldo energético enmomentos críticos, especialmente durante temporadas de sequía.

¿Qué es el cargo por confiabilidad y por qué fue cuestionado?

Este cargo es un componente incluido en la tarifa de energía que pagan los usuarios para asegurar que las plantas generadoras principalmente térmicas estén disponibles en momentos de crisis como sequías extremas. Sin embargo, los senadores mostraron su preocupación al considerar que este modelo requiere unos ajustes urgentes. 

Cuestionan mecanismo

El senador José David Name, quien inició el debate, fue contundente en señalar con cifras que “loscolombianos hemos pagado más de $60 billones en cargo por confiabilidad desde 2006. Hoy se pagan alrededor de 86 pesos por kilovatio. ¿Está siendo realmente efectivo este mecanismo?”, cuestionó el congresista, quien pidió una auditoría sobre los pagos recibidos por Termotesorito, planta a la que, según denunció, se le habrían girado $349 mil millones sin tener garantizado el combustible requerido para operar.

Ante las denuncias, propuso la creación de mesas técnicas para revisar a fondo el esquema. “No estamos en contra del cargo por confiabilidad, pero sí queremos que se use de manera eficiente y responda a la realidad actual del país y su creciente demanda energética”, concluyó.

Eliminar cargo por confiabilidad

Por su parte la senadora Isabel Cristina ZuletaPacto Histórico, afirmó que el cargo por confiabilidad para el sector hidráulico no se debe cobrar y propuso su eliminación. “Ninguna fuente de energía sujeta a variabilidad climática puede ser confiable en tiempos de crisis climática. No podemos seguir premiando la incertidumbre”, enfatizó la legisladora antioqueña al tiempo que pidió coherencia en la información entregada por XM y el Ministerio.

El senador Didier Lobo Chinchilla, Cambio Radical,defendió la existencia del cargo como herramienta para evitar apagones, pero propuso una revisión profunda y optimización del modelo. “No podemos eliminar un seguro que nos ha permitido mantener el servicio eléctrico estable, pero sí debemos ajustar su funcionamiento y costos. Son más de $6 billones de pesos al año que salen del bolsillo de los colombianos”, indicó.

Así mismo el senador también advirtió que la situación tarifaria en regiones como el Caribe es insostenible, y llamó a actuar con responsabilidad y sin medidas populistas.

¿Qué dijo el ministro de minas?

En su intervención, el ministro de Minas y Energía,Edwin Palma, reconoció que el modelo ha perdido eficacia en varios frentes y aseguró que el cargo por confiabilidad “cobra, pero no garantiza”.

“Hay una confiabilidad financiera, pero no técnica. Hemos visto cómo en situaciones de necesidad, algunas plantas no han respondido. Este cargo ha protegido intereses históricos que deben revisarse”, afirmó.

El jefe de la cartera de Minas y Energía respaldó la posibilidad de actualizar el esquema regulatorio y propuso acelerar propuestas concretas, recordando que la Ley 142 y 143 ya cumplió 31 años.

¿Qué dicen gremios del sector?

La presidenta de ACOLGEN, Natalia Gutiérrez, advirtió que el país ya enfrenta un déficit de energía firme del 1.4% para este año, lo que podría generar riesgos ante un próximo fenómeno de El Niño.

“Necesitamos con urgencia la subasta de energía. Estamos tarde para ampliar el parque de generación y hay obstáculos regulatorios que están frenando proyectos solares”, indicó. Gutiérrez también reiteró la disposición del sector para participar en mesas técnicas con el Gobierno y el Congreso, y mejorar el modelo sin desmontarlo.

Este debate reveló el consenso sobre la necesidad de revisar el cargo por confiabilidad, aunque persisten diferencias sobre su continuidad.

La Comisión Quinta del Senado realizará seguimiento a los compromisos adquiridos y buscará avanzar en una propuesta legislativa que garantice un sistema energético justo, eficiente y sostenible para todos los colombianos.

Entes territoriales recibirían maquinaria amarilla incautada

A través de un proyecto de ley se propone que estas máquinas de construcción puedan ser entregadas a gobernaciones, alcaldías y organizaciones dedicadas a la producción y el agro.

Por: Álvaro Albornoz Hernández

Bogotá, D.C., 5 de agosto de 2025(Prensa Senado).-En el marco de la nueva legislatura del Congreso, el senador José Vicente Carreño, radicó un proyecto de ley que busca cambiar el destino de la maquinaria amarilla incautada a bandas criminales y estructuras dedicadas a la minería ilegal. 

La iniciativa propone que estos activos, en lugar de ser destruidos, puedan ser transferidos a entes territoriales y organizaciones comunitarias para el desarrollo de obras de infraestructura y actividades agrícolas.

“Esta maquinaria, especialmente maquinaria amarilla que nuestras autoridades incautan a las bandas criminales, especialmente en el tema minero y que son utilizadas para hacer actividades ilícitas y destruir el medio ambiente, la incineran después de ser incautada. Este proyecto busca que se pueda permitir cambiar el tema legislativo y se done a entes gubernamentales como alcaldías y gobernaciones, o entes no gubernamentales como asociaciones de campesinos, agricultores”, explicó el senador Carreño.

El proyecto abre la puerta para que municipios, gobernaciones y organizaciones rurales accedan a equipos que hoy día son destruidos tras los operativos, a pesar de su valor y utilidad. La propuesta tiene especial relevancia en zonas rurales, donde la falta de maquinaria dificulta tareas básicas como la adecuación de vías terciarias, la preparación de tierras para cultivo o la atención de emergencias por desastres naturales.

“Queremos que esta maquinaria le pueda servir a los colombianos que lo necesitan, como por ejemplo quienes labran la tierra y no cuentan con las máquinas necesarias para hacerlo. Estas máquinas podrían ayudar en esas labores”, añadió el congresista del Centro Democrático.

De acuerdo con cifras de la Policía Nacional y la Fiscalía, durante los últimos años se han destruido cientos de retroexcavadoras, bulldozers y volquetas incautadas en operativos contra la minería ilegal, lo que también generó un alto costo logístico y ambiental.

Además de darle un uso productivo a estos bienes, el proyecto reafirma el respaldo del Congreso a las operaciones de las fuerzas del Estado contra estructuras ilegales.“Con este proyecto también conminamos a que se sigan haciendo estos operativos, se neutralice a estos criminales, se les incaute esta maquinaria, y que vaya a un buen recaudo”, subrayó el senador.

El proyecto se alinea con propuestas anteriores que ya habían sido debatidas en la Cámara de Representantes pero que no prosperaron en su momento. Ahora, con un nuevo impulso desde el Senado, se espera que el proyecto avance en su trámite y se convierta en una herramienta concreta para beneficiar a las comunidades más afectadas por la violencia y el abandono estatal.

Senado pondría fin a cobros de reconexión a estratos 1,2 y 3

El proyecto establece que el servicio deberá restablecerse en máximo 24 horas sin cargos adicionales.

Por Jaime Arbeláez.

Bogotá, D. C, 1 de agosto de 2025 (Prensa-Senado). -  El presidente de la Comisión Tercera de la corporación, Jairo Castellanos Serrano, radicó el proyecto de ley ‘Reconexión Sin Barreras’ para acabar con cobros por reconexión y reinstalación, iniciativa que busca eliminar los costos para el restablecimiento de servicios públicos esenciales para hogares más vulnerables: estratos 1, 2 y 3.

La propuesta modifica la Ley 142 de 1994 para prohibir a las empresas prestadoras de servicios públicos cobrar reconexión o reinstalación cuando la suspensión obedezca exclusivamente a mora y esta haya sido subsanada.

“El acceso a agua, luz y gas es un derecho fundamental para garantizar una vida digna. ‘Reconexión Sin Barreras’ busca que ninguna familia quede excluida de estos servicios por cobros desproporcionados que superan, en ocasiones, el valor mensual del consumo”, manifestó el Senador Castellanos.

La iniciativa promueve justicia tarifaria, equidad social y protección reforzada a la población vulnerable, en línea con el mandato constitucional de garantizar el acceso universal a los servicios públicos domiciliarios.

Con ‘Reconexión Sin Barreras’, se da un paso hacia la equidad social y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho, asegurando que las familias puedan reconectarse de manera rápida, sin cargas económicas injustas.