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“Problemas en entregas de subsidios a través del Banco Agrario están superados”: Directora del DPS

 

Desde el Departamento de Prosperidad Social se pronunciaron frente a los ataques que recibió el Banco Agrario y que imposibilitaron la entrega total de subsidios.

Por Luisa María Llano

Bogotá, noviembre 7 de 2023 (Prensa Senado). – En medio de una citación de debate de control político, la directora del Departamento Administrativo de Prosperidad Social, Laura Camila Sarabia Torres, indicó que, con su llegada a la entidad en septiembre de 2023, el 98% del tercer pago de Renta Ciudadana se hizo de forma exitosa. También aclaró que los beneficiarios de Colombia Mayor recibieron su dinero sin ningún problema, dado que el pago se hace a través de operados de giro.

“Se trató de una operación articulada con el Banco Agrario. Optamos por cajas extendidas en los puntos críticos y solicitamos apoyo a la fuerza pública donde se registró alertamiento de orden público. Todas las contingencias fueron superadas”, expresó Sarabia Torres.

La citación tenía como objetivo conocer las estrategias diseñadas por la entidad para impulsar el acceso de servicios y asistencia social a favor de las poblaciones más vulnerables. Además, indicar los estudios más recientes sobre la situación de las poblaciones objeto de los programas de inclusión social, el método implementado y si estos fueron realizados directamente por funcionarios del DPS o por terceros.

Para la senadora Ana María Castañeda Gómez, Cambio Radical, el 49,5% de la población sucreña que vive en condición de pobreza merece la principal atención del Departamento de Prosperidad Social, aún más cuando “La Mojana tiene el 50% de los damnificados del país”.  

Por su parte, el senador por el partido En Marcha, Gustavo Adolfo Moreno Hurtado, recordó que la Contraloría General de la Nación halló la entrega de 40 mil millones de pesos en subsidios que se entregaron de manera irregular a personas que ya gozan de una pensión durante la vigencia 2021 -2022. También mencionó la investigación que actualmente adelanta la Procuraduría a tres contratistas de la Alcaldía de Santa Martha por ser beneficiarios del programa de subsidios estatales pese a que sus ingresos están entre los $4 y $7 millones de pesos mensuales.

Para el senador santandereano, es de vital importancia que el DPS, ahora bajo una nueva dirección y coordinación, tome cartas en el asunto y agregó: “Nos preocupa lo que está pasando con la cartera con fines sociales del país. No puede ser posible que 20 mil personas registradas como fallecidas aparezcan en el sistema como beneficiarias de programas”.

Ahora, en lo que respecta a la entrega de 500 mil pesos para adultos mayores que no tienen acceso a la pensión, la directora del DPS señaló que no es un asunto que dependa de su cartera. “Es la rama del poder legislativo, aprobando la reforma pensional, que estas personas de la tercera recibirán apoyo”, anotó.

El senador Esteban Quintero Cardona, Centro Democrático, cuestionó esta afirmación y manifestó su malestar con el programa Jóvenes en Paz que busca entregarle $1 millón de pesos a jóvenes entre los 14 y 28 años para que estén alejados de actos delictivos.

“El Gobierno Nacional, por decreto, sí tiene el dinero para pagarle a los jóvenes por no cometer delitos. Sin embargo, para el pago que busca mejorarles la vida a nuestros adultos mayores buscan el apoyo del Congreso”, enfatizó.

Desde el Departamento de Prosperidad Social se comprometieron para trabajar de la mano de la Comisión Sexta de Senado para superar las dificultades y mejorar las condiciones de los colombianos en situación de vulnerabilidad.

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Audiencia pública sobre la reforma a la ley de víctimas

Las víctimas tienen derecho a la reparación. Esto se refiere a las medidas para reparar las violaciones de los derechos humanos proporcionando una serie de beneficios materiales y simbólicos a las víctimas o a sus familias, así como a las comunidades afectadas.

Por Karen Lisethe Madera Castro

Bogotá D.C, noviembre 7 de 2023 (Prensa Senado) En Colombia están registradas más de nueve millones de personas como víctimas del conflicto armado interno, lo que representa que un 18,2% de la población del país se ha visto afectada por este flagelo.

Sobre este tema, la Comisión Primera del Senado, desarrolló una audiencia pública sobre el proyecto de ley por medio del cual se modifica la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones sobre reparación a las víctimas del conflicto armado interno.

“Siendo un proyecto de autoría de la Defensoría es importante contar con los funcionarios para la discusión. Se hace un aporte importante a la Ley de Víctimas en busca de fortalecer el procedimiento para su protección”, dijo el senador Germán Blanco, Partido Conservador, coordinador ponente, quien explicó que esta iniciativa tiene por objeto salvaguardar los derechos de las víctimas en todo el territorio colombiano.

Por su parte, el autor de esta iniciativa legislativa, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, destacó la importancia que ha realizado la entidad a través de la defensoría delegada para la orientación de las víctimas. “Es de nuestra misionalidad formular recomendaciones de política pública que contribuyan a la realización de los derechos de las víctimas”.

“Decidimos avanzar en un proyecto de investigación cuya entrada fue el estudio de la ley 1448 a partir de dos líneas de fuerza: en primer lugar, las posibles modificaciones directas a la estructura del articulado y en segundo lugar, lo relacionado con el fortalecimiento en aspectos con la implementación”, agregó.

El Defensor del Pueblo también aseguró que el proyecto es solo uno de los resultados de investigación, puesto que continúan en el análisis de las barreras de la implementación de la norma, con el objetivo de plantear estrategias para el diseño de una política pública de víctimas.

En la audiencia pública también participó la viceministra de justicia, Jhoana Alexandra Delgado, quien celebró el interés de las diversas entidades estatales así como el compromiso de los congresistas en el fortalecimiento del marco normativo para la atención y reparación de víctimas del conflicto armado.

“Para nosotros es importantes insistir en que un modelo de reparación de las victimas tiene también que centrarse en el juicio por la responsabilidad de estas graves violaciones. Como sociedad debemos entender que es un momento histórico, la ley 1448 de 2011 estuvo bien en su momento, pero el conflicto ha generado otro tipo de circunstancias que el estado tiene que asumir”, manifestó la viceministra de justicia.

En su intervención, también afirmó que  para el gobierno es necesario que exista una completa participación y que en el proyecto que presentó el gobierno central, realizaron varias mesas de trabajo, a través de las cuales en 32 espacios de diálogo, obtuvieron la representación de 1700 personas, “todo esto implica la necesidad de escucharlos a todos y a todas”, dijo.

Por otro lado, la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, indicó que lo que esperan las víctimas son las garantías de no repetición, es decir, que no hereden un país desecho y violento. “Lo que se debe es reconocer la memoria de las victimas como patrimonio de la sociedad colombiana; durante más de 20 años hice un trabajo de memoria histórica y me constituí como un sujeto social y aquí estoy defendiendo mis derechos”.

Así mismo, reiteró que la Ley tiene algo importante y es que busca que la participación de las victimas sea efectiva, pero lo que se tiene que lograr es que sea vinculante. Aseguró, además, que la memoria es un elemento central en la justicia, es fundamental para exigir verdad y para transformar la sociedad, por eso modificar el artículo 27 de esta ley para la senadora es sumamente grave.

Otro de los participantes fue Orlando Burgos de la Corporación Colombiana de Desplazados, quien consideró que el proyecto en discusión abarca lo que quieren y es que esa reforma sea progresiva. Manifestó también que la ley 1448 de 2011 se hizo con el ánimo de reparar y restituir pero hoy no hay reparada integralmente una sola victima en el país.

“Es preocupante el tema para nosotros como victimas que hoy la reforma a la ley esté de esa forma avanzando en el congreso. Se nos está violentando a las víctimas del desplazamiento forzado el cumplimiento de la ley a través de una resolución, pedimos que la indemnización sea a los núcleos familiares no puede ser de carácter individual”, agregó Orlando Burgos.

Blasney Mosquera, otra de las víctimas del conflicto armado, aseguró que no han visto garantías, que han estado inmersos en la norma pero no han podido ser sujeto de derecho. Para el, es importante que se revise el espíritu de la norma, ya que tienen muchas expectativas que no se han cumplido y el conflicto armado no ha cesado en ningún momento.

Más empleos para la población afro

Así lo establece un proyecto de ley que busca darle mayores oportunidades laborales a la población Negra,Afrocolombiana, Raizal y Palenquera mediantebeneficios tributarios a las empresas que los contraten de manera formal.

Por. Carmen Yanury Serna Pino

Bogotá, 6 de noviembre (Prensa Senado). Del total de la población afro en Colombia, el 75 por ciento recibe salarios inferiores al mínimo, es decir, según la organización afrocolombiana de derechos humanos Cimarrón, tres de cada cuatro afros en el país, no tienen un sueldo digno.

Según diversas opiniones de esta población, en el país la discriminación laboral es un tema recurrente, pues si bien existe un consenso institucionalpolítico y sancionable sobre lo reprochable de esta conductacada día son más los casos que impiden acceder a oportunidades de empleo.

Para el periodista Erick Ortega, cuesta mucho conseguir un trabajo, el solo hecho de la foto, negro, ahí va saliendo de concurso.

A esta percepción se suma la de Carlos Rafael Cáceres, estudiante de derecho, para quien “hay muchas personas afros que han sufrido con ese tema de conseguir trabajo por temas de discriminación.

Asimismo,LibernigregorioSoto, operador de logística, considera que “en algunas partes todavía se sufre discriminación por el color ypor la forma de pensar,niegan oportunidades porque creen que esas personas no pueden hacer el trabajo.

Ante este panorama, el Senado de la Repúblicatrabaja para cambiar la realidad de esta población a través de una iniciativa que busca crear elCertificado de Responsabilidad Étnica EmpresarialDicho certificado sería entregado por el Ministerio del Trabajo a las empresas que vinculen dentro de su plata laboralal 10 porciento de esta población

Para el senador Robert Daza de la Coalición Pacto Histórico,con este incentivo se espera reducir la brecha de desigualdad laboral entre la población afrocolombiana. “Aspiramos a que, con estos incentivos, se logre que toda esta población, que es muy preparada, que tiene capacidades y competencias para ejercer cualquier cargo, puedan ser reconocidas y empleados en los cargos que ellos soliciten, declaró.

Pese a que esta iniciativa tiene un noble propósito, algunos senadores afro, consideran que esta población debe tener igualdad de condiciones y no funcionar bajo incentivos a los empleadores. “Yo no considero que para nosotros merecernos una oportunidad en este país tengan que darle dadivas a las instituciones, porque nosotros somos parte de este país y eso debería ser directamente y no a través de un incentivo para poder motivar a que nos valoren, manifestó el senador de la coalición Pacto Histórico,Paulino Riascos.

Para el Senado de la República es importante que este proyecto de ley avance y se le dé tramite en el Congreso, ya que la precariedad laboral que vive la población afro en el país repercute en una desprotección en salud, ingresos y educción

Con información del Noticiero del Senado