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Senador Carreño solicita levantar la franja sanitaria en Casanare, Arauca y Norte de Santander

El congresista argumentó que la producción porcina en estas regiones es de buena calidad y está libre de peste.

 

Por: Isabel Colomna Sánchez

Bogotá D.C. octubre 9 de 2025 (Prensa Senado). La Comisión Segunda del Senado desarrolló un debate de control político con el fin de evaluar las alternativas para levantar parcial y gradualmente la franja sanitaria en los departamentos de Norte de Santander, Arauca y Casanare. Para tal fin se citó a la Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural y a la directora del Instituto Nacional Agropecuario- ICA.

El debate fue convocado por el Senador José Vicente Carreño, perteneciente al Partido Centro Democrático, quien inició manifestando su inconformidad por el incumplimiento del ICA, entidad citada a participar en las mesas técnicas programadas en Yopal y Tame, con el propósito de buscar solución a la franja sanitaria en los departamentos de Norte de Santander, Arauca y Casanare.

El congresista propuso que se debe crear una alternativa con las entidades en mención, que permita la comercialización del cerdo porcino, ya que la franja está impidiendo la respectiva comercialización.

Solicitó al ICA que muestre un plan de acción, con un cronograma de actividades con fechas precisas, para que no se dilate más el proceso de verificar el estado de la producción porcina y se levante la franja en esos departamentos.

“El porcino en estas regiones es de buena calidad, por sus múltiples razas y líneas genéticas, para su comercialización nacional e internacional. Esta producción en los últimos seis meses se ha aumentado hasta un 30%”, aseguró el congresista.

Carreño solicitó que se inicie el proceso de la franja en esos departamentos para apoyar a los productores porcinos, quienes generan empleo y aportan al desarrollo económico regional.

En su momento Sergio Andrés Latorre, representante de los productores porcinos del departamento de Casanare, solicitó al Gobierno que envié a los territorios personas que puedan tomar decisiones. Asimismo, afirmó que no se han presentado ningún caso de peste porcina.

Por su parte, Geidy Ortega, Viceministra de Asuntos Agropecuario, habló sobre todo lo relacionado con la productividad porcicola y manifestó que se han mejorado los parámetros productivos, debido a la tecnología, el cumplimiento de la norma sanitaria y de manejo ambiental.

La funcionaria expresó la responsabilidad que tiene el Ministerio de Agricultura y del ICA para blindar al país de cualquier caso que se presente.

“Se ha priorizado la vacunación en el departamento de Casanare para detectar los riesgos y garantizar la sanidad zootecnia”, anotó la funcionaría, quien agregó que el Gobierno ha logrado sostener mercados internacionales, gracias a las políticas e implementación de las mismas cumpliendo con normas establecidas.

Entre tanto, Paula Andrea Cepeda, Gerente General del ICA, respondió a las inquietudes del senador citante y anotó que, “si bien tenemos responsabilidad en estos procesos, también necesitamos la disponibilidad de los productores para capacitarse en buenas practicas pecuarias y ganaderas”.

“Esperamos tener articulación con las alcaldías y organizaciones, para llevar a cabo las acciones programadas”, advirtió la funcionaria.

Finalmente, el Senador Carreño solicitó a los citados que se dejaran claro el plan de acción para avanzar en la franja, por el bien de los productores y habitantes de estos departamentos

¿A quiénes beneficiará el proyecto de ley de Familias Guardabosques aprobado en Senado?

La iniciativa promueve la articulación interinstitucional, el apoyo técnico y la inversión del sector empresarial en la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

Por Olga Materón

Bogotá, D. C, 7 de octubre de 2025 (Prensa Senado). Dentro de las iniciativas que han sido aprobadas en los últimos días en la Plenaria del Senado una de las más trascendentales y que mayor discusión generó fue la relacionada con el Programa de Familias Guardabosques.

La iniciativa fue avalada con 46 votos por el sí y 7 votos por el no, luego de escuchar diferentes voces que presentaron sus argumentos a favor y en contra del proyecto de ley.

El propósito de la norma es articular diferentes principios de sostenibilidad ante la posibilidad de sustituir cultivos ilícitos de manera voluntaria por proyectos productivos agropecuarios, ambientales y agroforestales.

El proyecto cuenta con tres etapas: planeación y planificación; transición económica con incentivos voluntarios y temporales, y acompañamiento integral con asistencia técnica y social. Así mismo, busca brindar incentivos condicionados y también temporales por el cumplimiento de la erradicación.

El ponente del proyecto, el senador Andrés Guerra, del Partido Centro Democrático, manifestó que el principio básico de esta iniciativa “es ayudar a las familias rurales del país”.

Por su parte, el senador Julián Gallo, del Partido Comunes, expresó su voto negativo argumentando que, en el marco del acuerdo de paz del 2016, específicamente en el punto 4, se diseñó “una nueva política de drogas, en la que se evidencia que la existencia de esos cultivos en los territorios más alejados del país, tiene causas de orden socio económico, consecuencia del prolongado conflicto que ha desplazado a las familias”.

El congresista, quien hizo parte de la antigua guerrilla de las Farc y suscribió ese acuerdo de paz con el Estado colombiano, concluyó diciendo que insistir en la política de criminalizar al campesinado es un fracaso.

En concordancia con el ponente, el senador Inti Asprilla, del Partido Alianza Verde, manifestó que este proyecto es favorable y que va en sintonía con la histórica lucha a favor de la sustitución de cultivos con alternativas para las comunidades más vulnerables.

Pese a la discusión, la iniciativa fue aprobada en la Plenaria del Senado y seguirá su tránsito hacia la Cámara de Representantes, donde, seguramente, se le seguirán haciendo ajustes que dejen satisfechos a todos los sectores políticos del Congreso de la República.

Piden mayor compromiso en elecciones de 2026 para superar violencia política contra la mujer

La Senadora por el Partido de La U promovió un debate de control político en el que se conocieron varias cifras sobre la participación femenina en la política.

Por: Isabel Colomna Sánchez

Bogotá D.C. octubre 3 de 2025 (Prensa Senado). En el marco de la implementación de la Ley 2453 de 2025, que busca acabar la violencia contra las mujeres que participan en política, por iniciativa de la Senadora Norma Hurtado (Partido de La U), la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer adelantó un debate de control político en el Congreso.

Para tal fin fueron citados funcionarios del DANE, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional, el Ministerio de Justicia y la Registraduría Nacional. También fueron invitados la Misión de Observación Electoral (MOE) y organizaciones de mujeres.

La Senadora Norma Hurtado dijo que el 68,7% de las mujeres siente que tiene poca o ninguna influencia en la política, y que solo un 3,1% perciben que su voz cuenta mucho.

Apuntó que el 66,8% de las mujeres considera que tiene poca o ninguna voz y voto en las decisiones del Gobierno, mientras que solo el 3,6% siente que su participación es significativa.

En cuanto a la prevención y protección de derechos políticos, la congresista del Partido de La U señaló que se debe garantiza participación política libre de violencia y discriminación.

Aseveró que, en el desarrollo de la política, se ejerce la violencia física, psicológica, simbólica, económica, sexual, digital y vicaria.

Hurtado anotó que los casos de atención, denuncia y seguimiento deben reportarse obligatoriamente a la Plataforma URIEL, al Consejo Nacional Electoral (CNE), la Registraduría y la Defensoría para que investiguen, acompañen y den protección a la víctima.

La Senadora indicó que los partidos políticos deben crear protocolos internos de prevención, denuncia y sanción. De hecho, diferentes autoridades tienen la potestad de aplicar sanciones y castigos a partir de estas denuncias.

En medio del debate, la Senadora Imelda Daza (Pacto Histórico) afirmó que las mujeres en el país representan el 51.2% de la población colombiana y pidió tener en cuenta este porcentaje.

“En esa misma proporción deberíamos estar representadas aquí en el Congreso, en todas las corporaciones públicas y en todos los espacios de la sociedad. Estamos lejos de lograr esa representación justa que nos corresponde. Hay que educar sobre los derechos de mujeres y dar las herramientas necesarias para defender esos derechos, para defendernos de todo tipo de violencia: sexual, burocrática, laboral”, manifestó la congresista.

¿Qué dijeron el Gobierno Nacional y otras entidades?

Por parte del Gobierno Nacional, Andrea Ramírez, subdirectora del DANE, informó que la encuesta de cultura política en Colombia señala que el país ha avanzado con el tema de votar por las mujeres para los cargos y corporaciones públicas.

La funcionaria aseguró que el 15% de ellas todavía no tienen clara su participación electoral, y afirmó que 1.7% de las mujeres se ha sentido discriminada por tener una opinión política.

Entre tanto Renato Contreras, Secretario de la Registraduría Nacional del Estado Civil, indicó que han adelantado diplomados de prevención de la violencia política contra las mujeres.

Por su parte Paola Gómez, de ONUMujeres, dijo que ese organismo internacional maneja la estrategia ‘Más mujeres, más democracia’ para que haya un entorno libre de violencia en su participación en política.

“Sumamos esfuerzos en la implementación de esta Ley, para que las mujeres puedan participar en política, sin ser afectadas y discriminadas”, afirmó la delegada del organismo multilateral.

A manera de conclusión, la Senadora Norma Hurtado dijo que la violencia política contra las mujeres persiste y golpea con mayor fuerza en zonas rurales y CITREP, es decir en los territorios en los que más se ha agudizado la violencia y el abandono estatal.

Afirmó que la Ley 2453 de 2025 requiere verdadero compromiso institucional para hacerse efectiva. La falta de respuesta de entidades o respuesta tardía refleja ausencia de compromiso con la protección de las mujeres que ejercen la política.

Y agregó que, sin articulación política e institucional, los avances normativos seguirán siendo letra muerta.

“En 2026 la democracia debe rodear y respaldar a las mujeres que aspiran a cargos públicos. El Congreso no cuenta con un protocolo para prevenir y atender la violencia política contra las mujeres. Es urgente diseñarlo para garantizar un ambiente político seguro y libre de violencia”, dijo.