La iniciativa busca actualizar el modelo de concesiones viales tras más de 30 años de aplicación y corregir desequilibrios técnicos, tarifarios y territoriales.

Por: Isabel Escobar Gil

Bogotá D.C., enero 9 de 2026. (Prensa Senado)

La Comisión Sexta del Senado aprobó en primer debate el Proyecto de Ley que fija lineamientos técnicos para los estudios, las tarifas de peajes y la inversión del recaudo en proyectos de concesión vial.

La iniciativa fue defendida por el senador Guido Echeverry, quien señaló que el articulado surge como resultado de debates recientes sobre las fallas estructurales del modelo.

“El proyecto de ley, digamos que es una especie de conclusión de un debate que realizamos hace ocho días en esta misma comisión”, afirmó el senador, al aclarar que la propuesta va más allá de regular peajes.

“No se trata simplemente de un proyecto de ley que trata de crear peajes, sino que su intención es actualizar e incorporar elementos nuevos a las normas que en Colombia orientan la implementación de concesiones fundamentalmente para proyectos viales”.

Echeverry recordó que las concesiones comenzaron en los años noventa y que hoy el país enfrenta nuevas realidades. “El transcurso del tiempo nos dice que han aparecido realidades nuevas y cosas ya distintas, problemas, dificultades, que ameritan actualizar estas normas”, explicó, al mencionar que ya existen proyectos de segunda, tercera, cuarta y quinta generación.

Uno de los puntos centrales de su intervención fue la crisis jurídica del modelo. “Hoy en día el gobierno tiene demandas que superan los 30.000 millones de pesos. No, los 10.5 billones de millones de demandas. Hay actualmente 33 proyectos en disputa, 44 tribunales de arbitramiento”, cifras que, dijo, evidencian que “el modelo atraviesa, evidentemente, dificultades”.

El proyecto incluye mayor participación de las autoridades territoriales, requisitos técnicos más estrictos, reglas claras sobre estudios y tiempos, y criterios para tarifas, exenciones, pago electrónico interoperable y ubicación de peajes.

“Aquí incorporan, por ejemplo, algunos elementos de autoridad territorial”, precisó, al señalar que estas instancias participarían no solo en el diseño, sino también en la administración de los proyectos.

El senador José Vicente Carreño se refirió a la situación de los uniformados secuestrados en el país y a los avances legislativos que se han impulsado desde el Congreso en beneficio de la Fuerza Pública.

 Por: María Camila Fernández

Bogotá D.C., enero 8 de 2026 (Prensa Senado).

El senador José Vicente Carreño lanzó un enérgico llamado al Gobierno Nacional y a la comunidad internacional para que no caiga en el olvido el drama de los policías, soldados y funcionarios secuestrados en Colombia.

El congresista denunció que la falta de visibilidad institucional sobre estos casos ha dejado a las familias de los uniformados en un silencio doloroso frente a las organizaciones criminales que los mantienen cautivos.

Carreño advirtió que hoy varios uniformados permanecen privados de la libertad y que, pese al paso del tiempo, sus casos no han tenido la visibilidad ni la exigencia institucional que ameritan.

“Hoy son olvidados. Tenemos que decirle al país que debemos estar constantemente recordando estos casos y pedirle al Gobierno, al comisionado de paz, a las organizaciones defensoras de derechos humanos y a la comunidad internacional que no los olviden”, señaló.

El senador Carreño recordó algunos de los casos que, según indicó, permanecen en silencio: soldados del Ejército Nacional, funcionarios del CTI y patrulleros de la Policía, quienes fueron secuestrados por grupos armados al margen de la ley y cuyos familiares continúan esperando su regreso.

“En esta época decembrina hay madres, padres, hermanos e hijos esperando a su familiar. La exigencia a la guerrilla es clara: devuélvanlos sanos y salvos, como nunca debieron haberlos arrancado del seno de su hogar”, afirmó.

Carreño también cuestionó la política de seguridad del Gobierno Nacional y aseguró que los ceses bilaterales permitieron el fortalecimiento de estructuras criminales.

“Esta situación desafortunada, gracias a esta falsa paz total que prometió el presidente Petro a los colombianos y que durante tres años se vacilaron la paz, con esos ceses bilaterales donde ellos seguían delinquiendo, secuestrando y extorsionando, fortalecieron sus estructuras criminales económicamente, mientras el Estado permanecía quieto sin poderlos neutralizar. Eso es culpa de este Gobierno, pero además de tener la culpa, ni se inmuta en reclamar ni en salir a decir qué se va a hacer, a exigir por lo menos la liberación de estos soldados”, expresó.

Avances legislativos en favor de la Fuerza Pública

Durante la entrevista, José Vicente Carreño destacó varias iniciativas tramitadas en el Congreso de la República en beneficio de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares.

Entre ellas, mencionó la mesada 14, una iniciativa de su autoría que beneficia no solo a la Policía, sino también a veteranos, activos de las cuatro fuerzas y a un sector civil vinculado al Ministerio de Defensa, al otorgarle rango constitucional.

Asimismo, recordó su participación como ponente de la reforma a la Policía, así como la iniciativa para el subsidio policial, que inicialmente se estableció de manera bimestral y que, tras una nueva reforma legislativa, pasará a ser mensual y con factor salarial, lo que permitirá que este ingreso se tenga en cuenta al momento de la pensión o asignación de retiro.

Según explicó, esta modificación busca equilibrar el acceso a este beneficio, que anteriormente se otorgaba únicamente a los oficiales, extendiéndolo también al nivel ejecutivo y a la base de la institución. Además, destacó el avance del Estatuto del Soldado.

“Aquí lo que hemos hecho es un equilibrio, hacemos justicia y, gracias a Dios, todos los partidos lo apoyaron. Estamos esperando que el presidente sancione la ley; el Estatuto del Soldado va por buen camino, también es de mi autoría y fue radicado por el Gobierno”, señaló.

Desde el Congreso de la República continúan los debates y el trámite de iniciativas orientadas a fortalecer las condiciones laborales y sociales de la Fuerza Pública, al tiempo que se mantienen los llamados para visibilizar la situación de los uniformados secuestrados y la necesidad de garantizar su regreso al seno de sus familias.